Tribunal ordena reducir ruido de autopista que atraviesa Praga.

[31-01-2008] Por Silvie Pohlová

El Tribunal Municipal de Praga decidió a favor de los habitantes que viven cerca de la arteria principal que atraviesa la ciudad. Dentro de un año la Alcaldía tiene que reducir el ruido en la zona porque supera altamente los límites permitidos.

Por dicha avenida de Praga, conocida como La Magistral, circulan diariamente miles de vehículos. La contaminación sonora que provoca en el centro urbano alcanza 70 decibelios durante el día, 10 decibelios más de lo máximo permitido.

Hace un año empezó el conflicto entre los habitantes de la zona y la Alcaldía, a la que pertenece la travesía. El veredicto del Tribunal Municipal de Praga, pronunciado este miércoles, dispone que la municipalidad debe bajar el ruido dentro de los próximos doce meses. El abogado defensor de la Alcaldía, František Gebauer, considera precipitada esta sentencia.

“En este momento no existe ninguna solución para todos los aspectos del conflicto. Por eso he mandado elaborar varios análisis especializados sobre la situación sonora en el lugar. Los expertos advierten ante la toma de decisiones precipitadas porque se trata de un problema complicado que no puede ser resuelto por un Tribunal y yo estoy de acuerdo”, sostuvo el abogado.

Según la jueza Alena Jehličková, la Alcaldía dispone de suficientes medios financieros para responder a las exigencias. Ésta se defiende argumentando que es imposible cumplir con el plazo de un año. El portavoz municipal, Jiří Wolf, afirma que no aceptan el veredicto del Tribunal.

“La Alcaldía de Praga no va a publicar ninguna declaración antes de que reciba oficialmente el veredicto. Y, por supuesto, aprovecharemos nuestro derecho de apelar al Tribunal Supremo”, sustentó Jiří Wolf.

Para reducir el ruido los representantes de la municipalidad querían construir una pared de ocho metros entre las vías y los edificios que bordean la calle. Sin embargo, según los habitantes, esto no sería eficiente para las plantas más elevadas. Así que exigen cubrir la carretera con un túnel de vidrio laminado o reducir el número de carriles y limitar la velocidad. El abogado de la capital František Gebauer proclamó que estas medidas son imposibles de cumplir y que la única solución sería prohibir el paso a todos los vehículos, causando así un colapso total del transporte en la ciudad. Hasta 2012 la zona tiene una excepción y puede sobrepasar los límites sonoros. Sin embargo, la jueza consideró que la situación actual perjudica los derechos de los dueños de los apartamentos en la zona.

Con el veredicto del Tribunal el conflicto entre la Alcaldía y los habitantes no acaba. Además, los dueños de inmuebles en otros barrios capitalinos preparan protestas contra la ciudad debido a los impactos dañinos del transporte. En general, solicitan que las carreteras principales sean subterráneas.

Estudian llevar a los tribunales el sinvivir que sufren por el ruido.

ABC.es: sevilla - sevilla - Estudian llevar a los tribunales el sinvivir que sufren por el ruido

La contaminación acústica que sufre Sevilla desde hace muchos años y la falta de medidas de la Administración para garantizar el derecho al descanso de los vecinos se recrudece con el tiempo.

Por muchas leyes, ordenanzas, decretos o reglamentos que salgan, lo cierto y verdad es que los vecinos de muchos barrios de Sevilla no pueden dormir en sus propias casas, pasar por las aceras de sus calles sin encontrarse un velador que no está en su sitio o una alfombra de basuras y excrementos humanos de la movida de la noche anterior.

Y lo que es peor: piden auxilio y no lo encuentran porque la Policía Local ni siquiera acude y, si lo hace, no ataca el foco de ruido para que a las dos de la mañana puedan empezar a dormir sino que indica al insomne que debe poner una denuncia que seguirá su curso.

Así se resume las palabras de los afectados consultados por ABC que en varias ocasiones han pedido que los mantengamos en el anonimato porque temen represalias de los jóvenes de la movida y de los dueños de los bares.

La abogada Emilia de la Serna, perteneciente a la Asociación de Vecinos Guadalquivir, de Los Remedios; a la Plataforma Pro Derecho al Descanso (que representa a 30 asociaciones de todos los barrios de Sevilla), a la Asociación Juristas contra el Ruido y a Peacram, que es la Plataforma Estatal contra el Ruido, dice alto y claro que «a los vecinos no nos tienen en cuenta para nada a pesar de que la legislación vigente sienta las bases de la continua comunicación que debe existir y del derecho que tenemos a enterarnos de sus planes y a ser oídos». Sería largo de relatar en estas páginas las reuniones, idas y venidas que han tenido los vecinos con responsables municipales, con ellos entre sí y entre asociaciones que, desamparadas, se ponen en contactos unas con otras y con Emilia de la Serna, cuyo correo electrónico se le cae abajo desde hace unos meses con quejas de los vecinos.

«La cosa se está poniendo muy fea -asegura- y la gente está ya muy quemada. Estamos pensando acudir a los tribunales porque, para colmo, han anunciado que pondrán el botellódromo en el campo de la Feria. Hay mucha gente indignada con el Ayuntamiento, vecinos de a pie y residentes de reconocida formación jurídica están dispuestos a llegar a donde sea».

«Se abre más la mano»

Afirma que la última reunión la tuvieron el pasado mes de noviembre con la nueva delegada de Medio Ambiente y le pidieron reuniones mensuales para trabajar conjuntamente y exponerle los problemas. Hasta ahora no ha contestado. Han pedido también participar en la elaboración de una nueva ordenanza de ruidos que se está gestando y no se ha concedido.

El borrador lo conocieron y presentaron alegaciones porque abría la mano a muchas actividades contaminantes y estaba escrito con lenguaje poco concreto, con expresiones como «siempre que», o «podría». A esto tampoco han contestado.

Los vecinos no entienden que no haya una representación de afectados en la elaboración de la ordenanza y sostienen que se está vulnerando la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, pues, además, no se comunica nominativamente a los afectados la solicitud de una nueva licencia y su derecho a presentar alegaciones, con la consiguiente indefensión.

Por otra parte, denuncian que las reclamaciones por daños y perjuicios ante la Delegación de Medio Ambiente no se contestan, a pesar de que le referida normativa dice que debe hacerse en el plazo de un mes.

«La Administración no resuelve -sigue Emilia de la Serna-, está dando licencias en la Zonas Saturadas de Ruido (ZAS), permite el funcionamiento de bares sin licencia que ya han sido denunciados. La Policía no viene a atendernos, ni siquiera tenemos contacto directo desde que quitaron el 092 y pusieron el 112. No hay sonómetros para hacer mediciones de ruido, hemos pedido una Policía de Ruido, hemos pedido un contacto directo con el 092, hemos pedido ayuda, que se cumpla nuestro derecho al descanso, que las personas no pueden estar sin dormir, que hay gente que se va ya de Sevilla al Aljarafe porque no puede vivir...».

Como ejemplo del malestar que hay en los barrios se puede citar a la Asociación de Vecinos Triana Casco Histórico en donde se quejan también del ruido de la calle Betis procedente de bares y concentraciones en la calle, la instalación de veladores que impiden el paso y la ineficacia de la Policía Local cuando llaman los vecinos pidiendo ayuda.

En la Alameda de Hércules, una señora mayor tuvo que gastarse un dinero para instalar el aire acondicionado y poder dormir en verano con las ventanas cerradas y en la Huerta de la Salud, el presidente de la asociación de vecinos, José Miguel González Cruz, se queja del ruido que origina el tranvía cuando sale y entra en las cocheras de Diego de Riaño.

Además, temen que se agrave la situación en la zona con otra fuente acústica, las obras nocturnas del Metro que, al parecer, han anunciado para acelerar los trabajos de cara a las elecciones.

150.000 granadinos sufren demasiado ruido del tráfico.

Hay quien consigue interiorizarlo, incluso imaginarse que son las olas del mar. Pero sentir permantemente el paso de los coches puede reducir la calidad de vida del que lo padece. Y en esa situación están alrededor de 150.000 granadinos, el 20% de la población de la provincia.

Son los que viven junto a las autovías que recorren Granada y que por ello soportan un ruido de 55 decibelios o más, el límite que la legislación considera permisible. Ahí empieza la «incomodidad acústica», como describe la Organización Mundial de la Salud.

La A-44 es la autovía que más afecta a los granadinos, sobre todo en el tramo que pasa por la capital, la Circunvalación. Más de 35.000 vecinos de la ciudad (casi el 15% de sus habitantes) sufren un ruido superior al recomendado. Pero los coches de la A-44 molestan aún más en Ogíjares: nada menos que al 75% de sus habitantes, según el mapa de ruidos elaborado por el Ministerio de Fomento.

A su paso de norte a sur de la provincia, el ruido de esta autovía también llega con más de 55 decibelios a otras localidades: Alhendín (le afecta al 53% de los vecinos), y en porcentajes de entre el 15% y el 17% a otras como Maracena, Peligros o Albolote.

La Ronda Sur y su prolongación hacia Cenes (A-395) es otra de las vías ruidosas de la capital. Más de 26.000 granadinos que viven en esa zona padecen un ruido de 55 decibelios o más. Y 2.200 habitantes sufren al menos 75 decibelios. Por su parte, 13.000 habitantes de Santa Fe y Granada soportan más de 55 decibelios de la A-92 G, la carretera que une las dos ciudades.

También a hospitales y colegios

Hasta medio centenar de colegios y dos hospitales soportan más decibelios de los recomendable por el ruido del tráfico, según los mapas de ruido elaborados por Fomento y por la Junta. En la A-92 a su paso por la provincia están afectados 26 colegios por el ruido (además de unas 48.000 vecinos. Ahora estudiarán qué soluciones poner para amortiguar los decibelios.

Fuente original Aquí.

Los padres del Ausiàs March de Alboraya protestan por el ruido del soterramiento. Las Provincias - Sent Using Google Toolbar

Los padres del Ausiàs March de Alboraya protestan por el ruido del soterramiento. Las Provincias

Los padres de los alumnos del colegio Ausiàs March de Alboraya convocaron ayer una manifestación por las principales calles de la localidad par pedir mejoras en el centro ya que las obras del soterramiento del metro están generando molestias sonoras a los escolares.

A las 9.30 horas, un grupo de 60 padres y madres, acompañados por miembros del PSPV y del partido Ciudadanos por Alboraya recorrieron las calles con pitos y pancartas pidiendo "un colegio sin ruido".

La protesta, que no contaba con el permiso de la Delegación del Gobierno, llegó hasta el ayuntamiento. Allí, los manifestantes intentaron acceder al despacho del alcalde, lo que impedido por los agentes de la Policía Local debido a que era un número elevado de personas, sin que se registrara ningún incidente. Finalmente, una representación de ellos se reunió con el primer edil, Manuel Álvaro.

Las obras de soterramiento del metro de Alboraya están realizándose en la calle Valencia, muy próxima al colegio Ausias March. Según los padres, los menores soportan grandes cantidades de ruido que no les dejan concentrarse en clase y exigen soluciones para mejorar la situación. Recientemente se han instalado pantallas gigantes en el centro para absorber el ruido.

Por su parte, el Ayuntamiento aclaró a los padres que antes de que empezaran las obras del metro y por la proximidad de éstas al centro escolar, el Consistorio ya ofreció algunas medidas para paliar las molestias, entre ellas trasladar a los escolares a otras instalaciones ubicadas en la Ciutat de l'Esport.

Sin embargo, desde el centro rechazaron en su día todas estas medidas. Ahora, el Ayuntamiento va a buscar soluciones, pero el centro escolar asegura que no quiere trasladarse y reclama la paralización de las obras del metro durante las horas lectivas.

Representantes de los padres expusieron sus argumentos en su encuentro ante el alcalde basándose en la legislación existente sobre el ruido y la realización de obras en las proximidades de un centro escolar. Reclaman que se cumpla y no se hagan los trabajos en ese horario.

Instalan medidores para verificar si el nivel de ruido en Sabino Arana es legal.

Instalan medidores para verificar si el nivel de ruido en Sabino Arana es legal. El Correo

Los ruidos procedentes del viaducto de Sabino Arana no sólo llegan ya a los oídos de los sufridos vecinos del barrio, que piden desde hace más de quince años que se desmonte ese 'scalextric' infernal que ha puesto, muy a su pesar, una desesperante banda sonora a sus vidas domésticas. Desde ayer, tres sonómetros -una especie de micrófonos- recogen el ruido del tráfico desde tres pisos cercanos a la autovía. Estarán colocados una semana y luego, posiblemente, se ubiquen en otros puntos, para recabar la mayor información posible. Este despliegue forma parte de un estudio encargado -y pagado- por la asociación de vecinos de Basurto a la Universidad de Navarra para determinar si el impacto acústico excede los límites legales. O más bien, para confirmar, una vez más, sus sospechas.

«En 1999 un informe de Labein ya señaló que los niveles eran intolerables y que la zona de Sabino Arana era la más ruidosa de todo Bilbao -recuerda Javier Muñoz, presidente de la asociación de ciudadanos del barrio-. Desde entonces, no se ha hecho nada, por eso queremos un estudio actualizado». Tanto los residentes como el grupo ecologista Lur Maitea, que apoya esta iniciativa ciudadana, consideran que, en los últimos nueve años, la situación, «ha podido empeorar». Y, desde luego, la barrera legal de 60 decibelios -50 si es por la noche- es para ellos una utopía, porque en algunas viviendas se han llegado a rebasar los 75.

La diferencia entre la realidad y la legalidad es tan grande que la instalación de mamparas a lo largo del viaducto para absorber ruido -la Diputación ya ha empezado a colocarlas- es sólo un parche insignificante al problema. «Los paneles servirán para reducir el ruido unos tres decibelios», explica Consuelo Elosua, de Lur Maitea.

«Promesas electorales»

Para los afectados, la única manera de solucionar el problema es el derribo del viaducto, principal 'puerta' a Bilbao por donde transitan cada día 80.000 vehículos. «Sabemos que no se puede tirar antes de que esté lista la redistribución de accesos a la villa, pero lo que pedimos es que se agilicen las cosas -clama Muñoz-. Todo son promesas electorales».

Eso lo saben muy bien Emilio y María Jose, un matrimonio que vive junto a la autovía y que ha accedido a que se coloque uno de los medidores en su casa. La proximidad del tráfico hace que su coqueto salón tenga el mismo ruido de fondo que un área de servicio. Ahora miran «el chivato» que tienen en casa con esperanza. «A ver si sirve de algo. Cuando compramos el piso hace once años, nos aseguraron que había un proyecto de derribo y aquí seguimos igual», lamenta María José. Bueno, todo no, porque ella asegura que al convivir con tanto estruendo ha perdido oído. La ingesta masiva de tila, las noches de sueño intermitente, la cruel vuelta a casa tras unas vacaciones 'desintoxicadoras', las miradas «de espía» para vigilar cuando vienen menos coches y poder ventilar la casa. Todas esas rutinas que se han incorporado a su vida podrían finalizar «en unos tres años, con los nuevos accesos a San Mamés», según apuntó ayer un portavoz del departamento de Obras Públicas de la Diputación. «¿Tres años? Ojalá fuese cierto», dice María José, que además de insomnio y pérdida de audición, sufre, al igual que el resto de afectados, un daño colateral extra: escepticismo crónico.

León ultima el mapa del ruido para actuar en las zonas más contaminadas.

Diario de León :: Edición Digital

El Ayuntamiento recibió 181 escritos, de los que 49 fueron de denuncias de ciudadanos.
El control telemático de establecimientos dio lugar a 2.150 inspecciones y 40 revisiones «in situ»


El Ayuntamiento de León está pendiente de que el Laboratorio de Acústica de la Universidad de León termine la elaboración de un nuevo mapa de ruido de la ciudad -tras los elaborados en 1995 y el 2000-, que permitirá al consistorio ajustarse a la legislación vigente y adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación sonora de las zonas más saturadas. El Parlamento Europeo aprobó en junio del 2002 la directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. La implantación de los mapas de ruido está sujeta a unos plazos previstos: en junio del 2007 deberían haberse elaborado en todas las aglomeraciones urbanas con más de 250.000 habitantes.

Según los expertos, estos mapas permiten el ahorro de recursos y son la base de las futuras actuaciones en materia de ruido ambiental. Según la Concejalía de Medio Ambiente, que ayer reunió a la Mesa del Ruido, «el nuevo mapa generará información indispensable para la adopción de planes de acción encaminados a controlar el ruido ambiental».

La oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León realizó el año pasado 147 trámites administrativos que dieron como resultado la clausura de dos establecimientos que superaban los 90 decibelios. Esta limitación está establecida en la denominada Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que es el Barrio Húmedo. La Mesa del Ruido reunida ayer informó de que no concederá más licencias para establecimientos con actividad musical y la obligará a la construcción de un vestíbulo de acceso de 1,2 metros de separación entre la puerta de acceso y el local en los establecimientos ya existentes. «Si alguien solicita una licencia comprobamos si está en la ZAS o zona de respeto, en la que sí puede haber un establecimiento musical».

La mayor parte de los expedientes se abrieron a los establecimientos hosteleros (112); comunidades de vecinos (ruidos por instalaciones comunitarias), (13); supermercados (6); talleres y garajes (3); y gimnasios, academias de danza, hoteles, tiendas de animales y carnicerías. Éstos últimos sumaron la apertura de 13 expedientes administrativos.

Inspección telemática

El Laboratorio de Acústica de la Universidad de León inspeccionó a 50 establecimientos que se encuentran vigilados de forma continua por el denominado Siglo (Sistema de Inspección Global de Locales de Ocio). Este sistema se basa esencialmente en la transmisión vía telemática de los niveles sonoros generados en el interior de establecimientos de hostelería durante el ejercicio habitual de su actividad musical. En total, se realizaron 43 informes de verificaciones de limitadores. Cada uno de estos estudios contiene las incidencias en las diferentes actividades musicales de los 50 establecimientos controlados telemáticamente. El número total de inspecciones telemáticas realizadas en el 2007 fueron de 2.150, que provocaron 40 revisiones in situ por parte del Laboratorio de Acústica de la Universidad de León a establecimientos en los que se detectó cualquier tipo de alteración o manipulación de las condiciones de funcionamiento de los dispositivos limitadores de sonido que actúan a su vez sobre los equipos de reproducción musical instalados. Además, se hicieron 60 mediciones tanto de aislamiento acústico como de transmisión de ruido y vibraciones a establecimientos de diversa índole, a fin de comprobar su adecuación a la ordenanza municipal que está en vigor de protección del ruido.

Las quejas

La Concejalía de Medio Ambiente recibió un total de 181 escritos, de los cuales 49 fueron denuncias realizadas por ciudadanos afectados por niveles elevados de emisión de ruidos, y 132 a causa de requerimientos realizados por el Ayuntamiento como paso obligatorio en la tramitación de expedientes abiertos en curso legal. Según dijo ayer la concejala de Medio Ambiente, Humidad Rodríguez, «no existe en la ZAS una alta frecuencia de denuncias porque los establecimientos con licencia musical se han controlado muy bien y las actividades que realiza el Ayuntamiento, como son recogida de residuos, limpieza diaria y recogida de vidrio se realizan a partir de las siete de la mañana».

La concejalía está revisando todas las licencias de los establecimientos situados en la ZAS para comprobar su adecuación a la normativa.

A IU le molesta el ruido de las campanas.

Diario de Alcalá - A IU le molesta el ruido de las campanas

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Calles, esta empeñado en abrir los ojos (mejor dicho las orejas) a todos aquellos que no han sabido percibir lo que él entiende como un elemento que, junto al tráfico, los petardos o los bares de copas abiertos por las noches, acaba con la 'paz sonora' en el municipio. Y es que, según Calles, las campanas de las iglesias de Alcalá no doblan por el descanso de los oídos de los vecinos complutenses.

El sempiterno clamor de los badajos que moran —en muchos casos desde hace siglos— en las torres de los templos religiosos es, según manifestó ayer Calles en el Pleno del Ayuntamiento, uno de los principales motivos de queja expresados por los ciudadanos. Sobre todo, de aquellos que eligieron el casco histórico como lugar de residencia.

Según el portavoz de IU, "soportar el ruido de los petardos navideños, a pesar del bando del alcalde prohibiendo su utilización, ya es bastante suplicio para los sufridos alcalaínos. Pero los vecinos del centro tienen que soportar, además, el armonioso ruido de las campanas acompañado del intenso tráfico diario".

Francisco Calles añadió, además, que la contaminación acústica está provocada por "numerosos bares de copas ubicados en la zona, haciéndose insoportable el descanso en sus propias viviendas".

En definitiva, el portavoz de IU, que abogó por el "derecho al descanso en su máxima expresión", abogó en la moción de IU por la elaboración de un estudio sobre los niveles de ruido que soporta Alcalá "en diferentes fases horarias, y la adopción de medidas necesarias para su eliminación, así como una inspección frecuente y constante de los numerosos establecimientos nocturnos".

La respuesta del concejal de Medio Ambiente, Jesús Domínguez, a la propuesta de IU —respaldada por el PSOE— fue que el Ayuntamiento de Alcalá "ya cuenta con dos mapas: el elaborado en el año 2003 y el complementario al avance del Plan General de Ordenación Urbana". Domínguez explicó, además, que estos mapas "van a ser sometidos a revisión para adaptarse a las legislaciones medioambientales vigentes" y aseguró que la Policía Municipal de la ciudad complutense ya cuenta con suficientes equipos medidores de la contaminación sonora (sonómetros), más modernos que los primeros que llegaron a Alcalá y que eran los que utilizaban los técnicos de la Dirección General de Tráfico.

Por un Carnaval ’dulce’...

Diario de Avisos - domingo 13 de enero de 2008

Acabamos de terminar las Navidades y Santa Cruz de Tenerife ya está hechizada por el Carnaval. Y decimos bien, porque la magia es este año el motivo de la fiesta chicharrera por antonomasia. Mañana comienzan los actos, con la presentación de las candidatas a los distintos reinados. Como todos los años, son miles las personas que llevan meses preparándose para dar lo mejor de sí en los distintos concursos, galas y desfiles previstos; miles de personas que integran el auténtico sostén de esta fiesta: los grupos del Carnaval (murgas, rondallas, agrupaciones musicales y coreográficas, comparsas...). Y muchos miles más quienes, de forma espontánea, se suman a la fiesta con disfraces que son tantos como la mente humana pueda imaginar. Atrás quedaron tiempos de una tradición que llegó a estar prohibida en el franquismo, y que tuvo que llamarse eufemisticamente Fiestas de Invierno para sortear las restricciones de ese régimen dictatorial afortunadamente superadas desde hace treinta años. Es decir, que el Carnaval tuvo también mucho de desafío a las autoridades de la dictadura, un mérito más en el haber de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Entre los avatares de esta tradición está también el litigio judicial que hace dos años un grupo de vecinos del centro de la ciudad plantearon contra el Ayuntamiento de la capital tinerfeña por considerar excesivos los ruidos de los actos nocturnos del Carnaval. El contencioso llegó al punto de que, en 2006, la celebración de la fiesta estuvo pendiente de la decisión de los tribunales, poniendo así un inaudito suspense a esta tradición multitudinaria. Los jueces desestimaron la suspensión de los actos nocturnos, por el interés general de la fiesta, pero también establecieron la necesidad de que el Ayuntamiento adoptara medidas para mitigar las molestias por el ruido a estos vecinos, en un difícil intento de congeniar el derecho al descanso de unos y el de otros a divertirse sanamente en una fiesta tradicional como ésta. En medio de este conflicto, el Parlamento de Canarias aprobó el pasado año una modificación de la legislación autonómica para que se pudieran celebrar fiestas de esta importancia sin necesidad de autorizaciones especiales y sin que los ayuntamientos tuvieran que respetar los niveles máximos de ruido que establece la normativa vigente con carácter general en actos celebrados al aire libre. Los vecinos, aun así, siguieron dispuestos a agotar todas las vías judiciales a su alcance. Si el pasado año no fue posible un acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos, en el actual la situación ha cambiado radicalmente. Esta misma semana el primer teniente de alcalde, Ángel Llanos, y la concejal de Fiestas, Maribel Oñate, han llegado a un acuerdo con el abogado de los vecinos, Felipe Campos, que, al menos este año, pone fin al conflicto. La foto de Llanos y de Campos dándose la mano puede convertirse en uno de los iconos de este Carnaval, visto el enfrentamiento habido en años anteriores. No falta quien considera que los vecinos, con el citado cambio en la ley, tienen ya muy difícil continuar su batalla en los tribunales, y que eso resta valor al acuerdo anunciado esta semana. Pero sea como fuere, un cierto espíritu conciliador y de diálogo se ha impuesto este año entre Ayuntamiento y afectados, que se ha traducido en la adopción de una serie de medidas para mitigar el ruido, sin que eso suponga trasladar el Carnaval del centro de la ciudad.

Parece empresa harto complicada ponerle puertas al campo de una fiesta de esta raigambre, aunque está por ver qué efecto tendrán estas medidas para unos y para otros, y para la propia identidad de esta fiesta. Llanos se ha comprometido además a trasladar al muelle el Carnaval nocturno, una vez que la Autoridad Portuaria libere de contenedores la terminal de Cabo Llanos. Para ese lugar esta planificado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria la ubicación de un gran espacio para la celebración de eventos. Se trata de un debate, el de este traslado, que sólo acaba de comenzar y que promete también mucha controversia. Lo que sí parece un acierto, siempre que haga buen tiempo, es el emplazamiento elegido para los concursos y las galas, el aparcamiento del Parque Marítimo, donde el público tendrá, desde una enorme grada con capacidad para 9.000 personas, una vista impresionante en la que destacan el Palmetum, las piscinas del Parque Marítimo César Manrique, el Auditorio, los rascacielos de Cabo Llanos y, al fondo de la ciudad y el puerto, la cordillera de Anaga.

Otro aspecto de la fiesta de este año es el regreso, como director de la Gala de la Reina pero también como asesor artístico, del prestigioso director teatral Jaime Azpilicueta, con quien el Ayuntamiento intenta hacer una apuesta segura para superar el fiasco de la Gala del pasado año dirigida por el bailaor Rafael Amargo, que no comprendió el espíritu participativo y popular -que no populachero- del Carnaval capitalino. Azpilicueta promete sorpresas y algunas innovaciones, pero el guión del espectáculo demuestra el retorno a la concepción clásica de la Gala, más popular y participativa, con todos los grupos del Carnaval. A todos estos ingredientes hay que sumar un factor para nada baladí: la actividad económica que mueve la fiesta de la mascarita en torno al sector comercial y del ocio en la capital tinerfeña. Con estos mimbres empieza una celebración que deseamos transcurra con normalidad y seguridad, algo que, por otra parte, constituye, desde luego, una de las señas de identidad del Carnaval chicharrero. A dejarnos hechizar, pues.

La jueza confirma el archivo del caso de los ruidos de El Prat.

La jueza confirma el archivo del caso de los ruidos de El Prat | El Periódico de Catalunya | Barcelona

El juzgado de El Prat de Llobregat ha confirmado el archivo de la investigación abierta por el ruido que provocan los aviones que sobrevuelan Gavà y Castelldefels cuando despegan del aeropuerto barcelonés. De esta manera, ha desestimado los recursos presentados por los vecinos afectados y la fiscalía contra la resolución del 2 de agosto del 2007, por la que se acordó el sobreseimiento de la causa. En este proceso fueron imputados el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación (Aena), Manuel Azuaga, y dos altos cargos del Gobierno central.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat, Xènia San José Arévalo, considera que los hechos denunciados no son constitutivos de "infracción penal", a la vez que entiende que tampoco se ha producido una "transgresión de la normativa administrativa". En su auto, expone que "las configuraciones de vuelos establecidas conllevan el derecho a que se establezcan medidas de aislamiento y que la superación de los niveles de ruido no han de implicar necesariamente la comisión de un delito".

RUTAS ALTERNATIVAS

La resolución sostiene que se adoptaron medidas para paliar los efectos producidos por el ruido generado por los aviones, como "la supresión de determinadas operaciones de despegue; los usos de las reservas de motores; las rutas de aproximación alternativas para reducir el impacto acústico, y el sistema automatizado del control del ruido". Detalla que se han solucionado los problema existentes al establecer la configuración oeste (aterrizaje por la Zona Franca y despegue por el mar) como preferente y limitando la modalidad que pasa por encima de Gavà y Castelldefels al 15% de las operaciones.

La jueza relata que si bien es cierto que existen "los actos productores de ruido", no se entiende con ello que se infrinjan normas penales. "No puede considerarse las actuaciones de los querellados en relación al proyecto de elaboración y puesta en funcionamiento" de la tercera pista del aeropuerto "como una conducta asimilable a un delito contra el medio ambiente", sentencia. Y apunta a que se trata de una cuestión administrativa, "debiendo darse una solución por vías diferentes al proceso penal". Las acusaciones particulares recurrirán este archivo ante la Audiencia de Barcelona.

Juristas Contra el Ruido anima a los ciudadanos a denunciar a la Administración pública cuando ésta incumpla la normativa.

JURISTAS CONTRA EL RUIDO ANIMA A LOS CIUDADANOS A DENUNCIAR A LA ADMINISTRACIÓN CUANDO ÉSTA INCUMPLA LA NORMATIVA

MADRID, 02-ENE-2008

Joaquín José Herrera, presidente de la asociación de Juristas Contra el Ruido (JCR), animó hoy a los ciudadanos a denunciar a las administraciones cuando éstas vulneren los niveles de ruido permitidos por la ley.

De esta forma, hacía alusión a la decisión del Tribunal Supremo que confirma la condena al ayuntamiento de Bilbao a pagar 10.000 euros a un vecino por el ruido que producía el camión del servicio municipal de limpieza los domingos.

Herrera considera que acudir a los tribunales es "la única solución para que los ayuntamientos apliquen la normativa medioambiental", y lo califica de "paradójico", pues son los propios ayuntamientos quienes deben aplicar las normativas del ministerio de Salud.

El presidente de JCR destacó el hecho de que el ayuntamiento de Bilbao recurriera la primera sentencia, enfrentándose así a un ciudadano que simplemente quería que su administración cumpliera la legislación en vigor.

Considera Herrera que se han invertido los papeles, y que los ciudadanos están ejerciendo la labor de control que deberían llevar a cabo los ayuntamientos.

Por último, valoró en gran medida la sentencia del Tribunal Supremo, y espera que se cree un precedente para que las administraciones comiencen a cambiar sus actitudes en materia medioambiental.

En defensa de la Universidad de La Laguna y del aeropuerto de Los Rodeos.

En defensa de la Universidad de La Laguna y del aeropuerto de Los Rodeos (I). La Laguna, eldia.es

ES INDUDABLE el papel relevante de la Universidad de La Laguna y del Aeropuerto de Los Rodeos en el desarrollo de Tenerife y de Canarias en general.

La Universidad de La Laguna es una institución pública que, desde su fundación en 1792, ha seguido un proceso de continua expansión para dar respuesta a las necesidades de educación superior del archipiélago canario. A este respecto, considerando cifras redondas, la Universidad de La Laguna cuenta con 25.000 alumnos, 1.800 profesores y 800 miembros del personal de administración y servicios. Asimismo, su catálogo de titulaciones abarca 56 estudios oficiales de primer y segundo ciclo, 11 programas oficiales de postgrado y 27 programas de doctorado, cinco de ellos con Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia.

De igual modo, el Aeropuerto de Los Rodeos constituye una infraestructura básica de Tenerife tanto desde el punto de vista económico como social y, en este sentido, tiene un efecto equilibrador del desarrollo en el territorio insular, sin cuya existencia la zona norte de la isla dejaría de contar con un motor de primera magnitud. De forma adicional, hay que resaltar el componente estratégico de esta infraestructura aeroportuaria en un territorio insular como es el nuestro.

Una vez puesto de manifiesto el papel de la Universidad de La Laguna y del Aeropuerto de Los Rodeos para Tenerife y Canarias, cabe subrayar la influencia de la "huella sonora" del Aeropuerto de Los Rodeos en el desarrollo de la Universidad de La Laguna. En este punto, conviene aclarar que por huella sonora o huella de ruido se entiende a aquellas curvas isófonas o curvas del mismo nivel de ruido correspondientes a determinados niveles de inmisión acústica, es decir, ruido que llega a un receptor, que puede ser una persona, edificación, …

Como soporte jurídico de los requerimientos medioambientales y, en particular, de los requerimientos relativos a la salud de la comunidad universitaria, que debe cumplir la Universidad de La Laguna en conformidad con la huella sonora del Aeropuerto de Los Rodeos, destaca la Constitución Española que, en el apartado 1 del artículo 45, reconoce "el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado" y, con arreglo al apartado 1 del artículo 43, reconoce "el derecho a la protección de la salud". Igualmente, según el artículo I-3 de la Constitución Europea (propuesta), los países de la Unión Europea tratarán de alcanzar un "nivel adecuado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente". Adicionalmente, en un nivel legislativo inferior se hallan la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, en el ámbito de la Unión Europea, y la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en el ámbito de España.

Del mismo modo, la actividad de la Universidad de La Laguna encuentra pleno soporte jurídico en el artículo 27 de la Constitución Española y, en concreto, en su apartado 1, según el cual "Todos tienen derecho a la educación" y en su apartado 5, conforme al cual "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".

La aplicación de la legislación sobre el ruido establece unos límites al planeamiento territorial en relación con determinados niveles de ruido. De esta forma, las huellas sonoras de los aeropuertos españoles limitarán el planeamiento territorial afectado por las mismas. Dichas huellas sonoras están vinculadas a los Planes Directores de los Aeropuertos, cuya aprobación corresponde al Ministerio de Fomento, a propuesta de la entidad pública empresarial Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) y previo informe de la Dirección General de Aviación Civil.

Abundando en este sentido, la huella sonora del Aeropuerto de Los Rodeos, sobre la base de su Plan Director, afecta a una amplia zona de la Universidad de La Laguna y a terrenos donde la Universidad podría expansionarse. En concreto, en la franja entre 55 y 60 decibelios (db) están localizadas las Facultades de Derecho, Económicas, Filosofía, Filología, Psicología, Geografía e Historia, Educación, Física y Matemáticas, la ETS de Ingeniería Informática, y parte de la ETS de Ingeniería Agraria y de la Facultad de Biología; en la franja entre 60 y 65 db se ubica el resto de la ETS de Ingeniería Agraria y de la Facultad de Biología. Estos centros, al estar situados dentro de la isófona de 65 db, están incluidos en el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Tenerife Norte, cuyo objetivo es conseguir que en el interior de los mismos se cumplan los niveles máximos de inmisión sonora permitidos por la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 (40 db en aulas, 35 db en salas de lectura y 50 db en zonas comunes). En una situación más crítica se encuentran las Facultades de Química y Farmacia, las cuales se hallan localizadas en la franja entre 65 y 70 db y, por consiguiente, no cumplen los objetivos de calidad acústica establecidos.

Básicamente, la implantación de los requerimientos de la huella sonora del Aeropuerto de Los Rodeos en los actuales términos obligaría a la Universidad de La Laguna a dispersar los edificios universitarios, limitándose así las posibilidades de interrelación de la comunidad universitaria y, con ello, el valor añadido que supone una formación universitaria integral.

Por otra parte, las universidades europeas se enfrentan en la actualidad a múltiples retos, entre los que podemos distinguir el Proceso de Bolonia, según el cual los países europeos se comprometen a crear el Espacio Europeo de Educación Superior, en el que se comparta una misma orientación, con objeto de promover una economía del conocimiento. Por ello, la Universidad de La Laguna para poder ejercer su actividad a un nivel acorde con dichos retos debe contar con la posibilidad de expansión de sus edificios y demás infraestructuras necesarias.

El PSPV denuncia que la ciudad de Valencia carece de Mapa Acústico.

El Torrentí

El PSPV denuncia que la concejalía del ruido se estrena sin el mapa de la contaminación acústica exigido por la ley

Del Río teme que la delegación se convierta en una cortina de humo tras la que ocultar el problema y las negligencias del equipo de gobierno

El PSPV ha denunciado que la concejalía del ruido se estrena sin el mapa de la contaminación acústica que exige la ley. Según la normativa de la Generalitat "los mapas acústicos tiene por objeto analizar los niveles de ruido existentes en el término municipal y proporcionar información acerca de las fuentes causantes de la contaminación acústica". En realidad, el mapa acústico es una radiografía en la que se pueden detectar los principales focos de este problema y, por tanto, una auténtica guía a fin de actuar desde la administración.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento contrató por el importe aproximado de 200.000 € la elaboración de un mapa acústico en agosto de 2006 que debería de haberse entregado el último día de este pasado mes de junio.

La concejala socialista, Carmen del Río, considera un mal comienzo de la delegación dirigida por la popular Bernal por el hecho de que no haya sido capaz de hacer cumplir el plazo legal fijado. Del Río teme que "la delegación se convierta en una cortina de humo tras la que ocultar el verdadero problema de la contaminación acústica así como las negligencias del equipo de gobierno ante el mismo".

La responsable en materia de medio ambiente del grupo municipal socialista ya ha advertido a Barberá que "no tenga la tentación de utilizar la nueva delegación y sus recursos para ocultar uno de los problemas más graves de la ciudad puesto que desde la oposición se vigilará constantemente la gestión realizada así como la veracidad de lo que anuncie".