El primer vecino que ganó una querella por el ruido de la Motorada aún no ha cobrado.

El primer vecino que ganó una querella por el ruido de la Motorada aún no ha cobrado. La Voz Digital

José Antonio Navalón pasará a la historia como el ciudadano que derrotó a la Motorada. En el año 2003, este hombre le puso un pleito al Ayuntamiento por «no salvaguardar su derecho al descanso y fomentar la actitud incívica de los moteros», que venían a la ciudad con motivo del Gran Premio de España de motociclismo.

En diciembre de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla a favor de este ciudadano y condena al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 5.000 euros. Sin embargo, tras un año y medio desde que se hizo firme la sentencia, Navalón aún no ha visto «ni un duro».

Esta sentencia marcó un antes y un después a la hora de celebrar la Motorada.

Ante la jurisprudencia creada por este caso, al equipo de Gobierno de Independientes Portuenses no tuvo más remedio que cerrar el casco histórico a los 100.000 moteros que visitan la localidad durante este evento, con la finalidad de salvaguardar a los vecinos del intenso ruido de las motos de gran cilindrada. A pesar de que hosteleros se echaron las manos a la cabeza, posteriormente reconocieron que las ventas se mantuvieron estables.

La nueva sentencia vuelve a dar la razón a un vecino y el actual equipo de Gobierno tendrá que mejorar su plan de tráfico para evitar que los residentes vuelvan a sufrir este ruido.

Por un Carnaval ’dulce’...

Diario de Avisos - domingo 13 de enero de 2008

Acabamos de terminar las Navidades y Santa Cruz de Tenerife ya está hechizada por el Carnaval. Y decimos bien, porque la magia es este año el motivo de la fiesta chicharrera por antonomasia. Mañana comienzan los actos, con la presentación de las candidatas a los distintos reinados. Como todos los años, son miles las personas que llevan meses preparándose para dar lo mejor de sí en los distintos concursos, galas y desfiles previstos; miles de personas que integran el auténtico sostén de esta fiesta: los grupos del Carnaval (murgas, rondallas, agrupaciones musicales y coreográficas, comparsas...). Y muchos miles más quienes, de forma espontánea, se suman a la fiesta con disfraces que son tantos como la mente humana pueda imaginar. Atrás quedaron tiempos de una tradición que llegó a estar prohibida en el franquismo, y que tuvo que llamarse eufemisticamente Fiestas de Invierno para sortear las restricciones de ese régimen dictatorial afortunadamente superadas desde hace treinta años. Es decir, que el Carnaval tuvo también mucho de desafío a las autoridades de la dictadura, un mérito más en el haber de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Entre los avatares de esta tradición está también el litigio judicial que hace dos años un grupo de vecinos del centro de la ciudad plantearon contra el Ayuntamiento de la capital tinerfeña por considerar excesivos los ruidos de los actos nocturnos del Carnaval. El contencioso llegó al punto de que, en 2006, la celebración de la fiesta estuvo pendiente de la decisión de los tribunales, poniendo así un inaudito suspense a esta tradición multitudinaria. Los jueces desestimaron la suspensión de los actos nocturnos, por el interés general de la fiesta, pero también establecieron la necesidad de que el Ayuntamiento adoptara medidas para mitigar las molestias por el ruido a estos vecinos, en un difícil intento de congeniar el derecho al descanso de unos y el de otros a divertirse sanamente en una fiesta tradicional como ésta. En medio de este conflicto, el Parlamento de Canarias aprobó el pasado año una modificación de la legislación autonómica para que se pudieran celebrar fiestas de esta importancia sin necesidad de autorizaciones especiales y sin que los ayuntamientos tuvieran que respetar los niveles máximos de ruido que establece la normativa vigente con carácter general en actos celebrados al aire libre. Los vecinos, aun así, siguieron dispuestos a agotar todas las vías judiciales a su alcance. Si el pasado año no fue posible un acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos, en el actual la situación ha cambiado radicalmente. Esta misma semana el primer teniente de alcalde, Ángel Llanos, y la concejal de Fiestas, Maribel Oñate, han llegado a un acuerdo con el abogado de los vecinos, Felipe Campos, que, al menos este año, pone fin al conflicto. La foto de Llanos y de Campos dándose la mano puede convertirse en uno de los iconos de este Carnaval, visto el enfrentamiento habido en años anteriores. No falta quien considera que los vecinos, con el citado cambio en la ley, tienen ya muy difícil continuar su batalla en los tribunales, y que eso resta valor al acuerdo anunciado esta semana. Pero sea como fuere, un cierto espíritu conciliador y de diálogo se ha impuesto este año entre Ayuntamiento y afectados, que se ha traducido en la adopción de una serie de medidas para mitigar el ruido, sin que eso suponga trasladar el Carnaval del centro de la ciudad.

Parece empresa harto complicada ponerle puertas al campo de una fiesta de esta raigambre, aunque está por ver qué efecto tendrán estas medidas para unos y para otros, y para la propia identidad de esta fiesta. Llanos se ha comprometido además a trasladar al muelle el Carnaval nocturno, una vez que la Autoridad Portuaria libere de contenedores la terminal de Cabo Llanos. Para ese lugar esta planificado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria la ubicación de un gran espacio para la celebración de eventos. Se trata de un debate, el de este traslado, que sólo acaba de comenzar y que promete también mucha controversia. Lo que sí parece un acierto, siempre que haga buen tiempo, es el emplazamiento elegido para los concursos y las galas, el aparcamiento del Parque Marítimo, donde el público tendrá, desde una enorme grada con capacidad para 9.000 personas, una vista impresionante en la que destacan el Palmetum, las piscinas del Parque Marítimo César Manrique, el Auditorio, los rascacielos de Cabo Llanos y, al fondo de la ciudad y el puerto, la cordillera de Anaga.

Otro aspecto de la fiesta de este año es el regreso, como director de la Gala de la Reina pero también como asesor artístico, del prestigioso director teatral Jaime Azpilicueta, con quien el Ayuntamiento intenta hacer una apuesta segura para superar el fiasco de la Gala del pasado año dirigida por el bailaor Rafael Amargo, que no comprendió el espíritu participativo y popular -que no populachero- del Carnaval capitalino. Azpilicueta promete sorpresas y algunas innovaciones, pero el guión del espectáculo demuestra el retorno a la concepción clásica de la Gala, más popular y participativa, con todos los grupos del Carnaval. A todos estos ingredientes hay que sumar un factor para nada baladí: la actividad económica que mueve la fiesta de la mascarita en torno al sector comercial y del ocio en la capital tinerfeña. Con estos mimbres empieza una celebración que deseamos transcurra con normalidad y seguridad, algo que, por otra parte, constituye, desde luego, una de las señas de identidad del Carnaval chicharrero. A dejarnos hechizar, pues.

Supremo confirma condena a Ayuntamiento por motorada contra derechos vecinos.

Supremo confirma condena a Ayuntamiento por motorada contra derechos vecinos

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), que fue condenado por permitir unas concentraciones de motos, coincidiendo con las carreras en el circuito de Jerez, cuyo ruido 'intolerable' vulnera el derecho de los vecinos a la salud.

Los denunciantes informaron a EFE de que el alto tribunal no ha admitido a trámite el recurso municipal, por una cuestión formal al no ser competencia de ninguna normativa de ámbito estatal, y ha condenado al consistorio a pagar las costas de esta apelación.

De esta manera, se ha convertido en firme la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en 2005 condenó al Ayuntamiento a pagar al vecino afectado 769 euros, equivalente a los 167 euros que le costó la pensión durante los días de concentración de motos frente a su casa y otros 602 euros por los daños morales sufridos.

Estas cantidades se verán incrementadas en el interés legal por el tiempo transcurrido, añadieron las fuentes.

El vecino, asesorado por la asociación Juristas contra el Ruido, demandó a su Ayuntamiento por no actuar frente a las molestias de la llamada 'motorada' e incluso incentivar su concentración en el casco histórico de la ciudad mediante un bando.

Dicha 'motorada' se viene celebrando desde 1997 en El Puerto de Santa María y otras localidades próximas a Jerez y, en el caso de El Puerto, concentra en sus calles hasta 90.000 foráneos cuando la población habitual de la localidad es de 80.000, según afirmaron los vecinos en su demanda.

El afectado demandó al Ayuntamiento, gobernado por el independiente Hernán Díaz, por 'no enfrentarse al grave problema de ruido que ocasiona a los residentes', aunque tras la sentencia del TSJA se produjeron distintos intentos municipales por reducir la afluencia de moteros, añadieron las fuentes.

La sentencia de la sala de lo Contencioso del TSJA consideró demostrado 'un funcionamiento anormal de un servicio público', sin que existiera 'ninguna causa de fuerza mayor' que obligase al vecindario a sufrir esas molestias, y añadía que 'no ofrecen duda' los daños sufridos por el demandante sobre su estado de salud debido al 'ruido intolerable que le amenaza en su propia vivienda'.

'Con motivo de la denominada motorada concurre un fenómeno de contaminación acústica intolerable, con infracción de los derechos fundamentales del demandante y, por lo tanto, necesitados de regulación adecuada por la Administración competente', explicó la sentencia.

Según el fallo, los niveles acústicos de la 'motorada' superaban 'ampliamente los máximos permitidos' y, de acuerdo con el Reglamento de Calidad del Aire, alcanzaban el nivel de 'intolerable' y por lo tanto suponían una contaminación acústica con posibles efectos de perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia.

El TSJA citó, junto a ello, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según el cual 'ciertos daños ambientales, aún cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho a la vida privada y familiar, privándole del disfrute de su domicilio'.

Aena y Fomento reconocen el impacto del ruido del aeropuerto del Prat en los vecinos.

Aena y Fomento reconocen el impacto del ruido del aeropuerto del Prat en los vecinos - 20minutos.es

Tres altos cargos del Gobierno y Aena reconocieron ayer en un juicio por un presunto delito contra el medio ambiente, las molestias que causa a los vecinos el ruido de los aviones del aeropuerto de El Prat. No obstante, aseguraron que se cumplió estrictamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la puesta en marcha de la tercera pista y minimizaron el impacto acústico.

Finalmente, el presidente de Aena, Manuel Azuaga, el director general de Calidad Ambiental, Jaime Alejandre, y el director de Aviación Civil, Manuel Bautista, declararon ayer ante el juzgado de instrucción número 3 de El Prat mediante video-conferencia.

El abogado de los demandados expuso ayer que los tres directivos no negaron las molestias que pueda ocasionar el aeropuerto. Así mismo, según el letrado, declararon que cualquier aeropuerto es "una instalación que produce, por definición, impactos".

Azuaga declaró que Aena cumplió "estrictamente" la DIA del aeropuerto barcelonés antes de la puesta en marcha de la tercera pista. Los tres imputados insistieron en que se limitaron a cumplir lo acordado por la comisión de seguimiento, formada por representantes del Estado, la Generalitat y los ayuntamientos implicados.

Cambios para minimizar el ruido

El abogado de los demandantes expuso a la salida de los juzgados que los responsables de Aena y de Fomento reconocieron que "en la puesta en marcha de la tercera pista había alternativas válidas que no se tuvieron en cuenta" y que "no se hizo todo lo necesario para minimizar el impacto acústico de la infraestructura".

Por su parte, el abogado de los demandados negó estas declaraciones y matizó que "en ningún caso se superaron los límites acústicos previstos en la DIA".

Las dos partes coincidieron en afirmar que el cambio de configuración de pistas del aeropuerto ha contribuido a minimizar el impacto acústico del aeropuerto sobre las poblaciones vecinas. Desde el pasado octubre, los aviones despegan desde la tercera pista, virando hacia el mar, mientras que la pista principal se usa en los aterrizajes.

AENA dice cumplió ley pero admite segunda configuración pistas reduce ruido.

AENA dice cumplió ley pero admite segunda configuración pistas reduce ruido

Los tres altos cargos del Gobierno y AENA que hoy han declarado ante el juez por videoconferencia han dicho que cumplieron fielmente el estudio de impacto ambiental en la ampliación del aeropuerto de El Prat, pese a admitir que la segunda configuración ha logrado reducir los ruidos.

El presidente de AENA, Manuel Azuaga, el director general de Calidad Ambiental, Jaime Alejandre, y el director de Aviación Civil, Manuel Bautista, han declarado hoy como imputados ante el juzgado de instrucción número 3 de El Prat, en relación con la querella por un delito contra el medio ambiente interpuesta por vecinos de Gavá y Castelldefels (Barcelona), por los ruidos que provoca el aeropuerto.

La jueza ha autorizado finalmente a declarar por videoconferencia a los tres altos cargos, en lo que supone una medida excepcional, pese a que ella misma les denegó esa posibilidad en diciembre del año pasado.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, los imputados han insistido en que para la ampliación del aeropuerto se limitaron a ejecutar los convenios interadministrativos, suscritos por la Generalitat y los ayuntamientos de la zona, y las resoluciones que avalaban la puesta en funcionamiento de la tercera pista.

Concretamente, insistieron, la ampliación del aeropuerto cumplió escrupulosamente la declaración de impacto ambiental aprobada y todas las cuestiones medioambientales relacionadas con las obra se dirimieron en el marco de la comisión de seguimiento, de la que forman parte el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos.

En el marco de esa comisión, ha señalado Azuaga, AENA ha adoptado siempre sus decisiones respetando el acuerdo mayoritario de las administraciones locales y mostrando sensibilidad hacia las reclamaciones de los vecinos, que desde el principio se quejaron del exceso de ruido de los aviones que sobrevolaban sus casas.

Por ese motivo, han sostenido, en octubre pasado se acordó un nuevo cambio en la configuración del aeropuerto, por el que los despegues se realizan desde la tercera pista, haciendo un viraje hacia el mar, y la principal se usa en los aterrizajes, lo que ha costado 20 millones de euros.

Los imputados han admitido que ese 'cambio de rol' de las pistas ha conseguido reducir los ruidos, sin mermar la capacidad operativa del aeropuerto, lo que en su opinión no implica que antes se estuviera incumpliendo la declaración de impacto ambiental.

Para los altos cargos del Gobierno y AENA, que no han negado las molestias que pueda causar el aeropuerto, el impacto ambiental de toda infraestructura se va calculando a medida que entra en funcionamiento, lo que permite sobre la marcha incorporar cambios como el introducido con el 'cambio de rol' de las pistas.

Respecto a las mediciones sonoras realizadas en la zona por encargo de los vecinos, que superan los 65 decibelios diurnos y 55 nocturnos establecidos en el estudio de impacto ambiental, los imputados han cuestionado los cálculos realizados, por ser 'puntuales y no discriminatorios'.

En el futuro, el responsable de AENA ha asegurado que se hará 'todo lo posible' para compaginar el funcionamiento del aeropuerto con las reclamaciones vecinales.

El letrado de la querellante Asociación de Vecinos Gavá-Mar, David Jurado, ha lamentado que la nueva configuración del aeropuerto se haya decidido 'dos años después de que la gente sufra las molestias de forma gratuita'.

El abogado Rafael Entrena Fabré, que defiende a Azuaga, ha opinado que las declaraciones acreditan que los imputados cumplieron estrictamente la ley.

Tres altos cargos Gobierno declararán como imputados por ruido del aeropuerto.

Tres altos cargos Gobierno declararán como imputados por ruido del aeropuerto- elEconomista.es

Castelldefels (Barcelona), 17 jul (EFECOM).- Tres altos cargos del Gobierno declararán mañana ante una jueza de El Prat como imputados por un delito contra el medio ambiente como consecuencia de los ruidos y molestias que provoca el aeropuerto de El Prat en los municipios del entorno, han informado fuentes vecinales.

Las asociaciones de vecinos de Gavà Mar y Platja de Gavà y la plataforma Prou Soroll (Basta de ruido) de Castelldefels interpusieron una querella contra estas personas por las molestias que provoca la actividad del aeropuerto a partir de la entrada en servicio de la tercera pista.

Los tres imputados son el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Manuel Azuaga; el director general de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, Manuel Bautista, y el director general de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre.

En un principio los tres imputados debían declarar personalmente en los juzgados de El Prat y no por videoconferencia, tal y como habían solicitado.

A pesar de ello, y revocando su propia decisión, la jueza de El Prat ha autorizado a los tres dirigentes a declarar mediante videoconferencia.

La acusación ha recurrido la decisión, pero reconocen tener pocas esperanzas de que finalmente declaren personalmente.

Los vecinos denuncian que la puesta en funcionamiento de la tercera pista del aeropuerto de El Prat se realizó vulnerando las normas administrativas y de carácter medioambiental que condicionaban su puesta en funcionamiento.

Además, aseguran que los aviones provocan un ruido superior al permitido al volar estas zonas habitadas.

La portavoz de la plataforma Prou Soroll, Pilar Guerra, ha denunciado también la vulneración reiterada por parte de AENA del acuerdo al que se había llegado sobre la configuración del aeropuerto.

Este acuerdo preveía que, como configuración preferente, los aviones aterrizasen en la pista principal desde la Zona Franca y despegasen por la tercera pista en dirección a Sitges, pero haciendo un giro inmediato al mar para no sobrevolar los núcleos habitados.

Estaba previsto que en un 10% de las ocasiones, cuando las condiciones meteorológicas no lo permitiesen, los aviones sobrevolasen Castelldefels.

"Sobrevuelan nuestras casas de manera sistemática; aunque no haya ni una gota de viento los aviones no utilizan la configuración preferente; en lo que llevamos de mes, en 12 días los aviones han sobrevolado Castelldefels", ha señalado Pilar Guerra. EFECOM

Magistrado del Supremo anima a denunciar cuando se sufra ruido.

Magistrado del Supremo anima a denunciar cuando se sufra ruido

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Carlos Granados Pérez animó hoy a los ciudadanos que estén 'sufriendo o padeciendo' algún caso de contaminación acústica a que denuncien estos comportamientos para que sean reprimidos, ya que está en juego la salud.

Granados Pérez pronunció la conferencia inaugural del curso 'Derecho y calidad de vida' que, enmarcado en la programación de la octava edición de los Cursos de Verano Internacionales de la Universidad de Extremadura (UEX), se desarrolla en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera hasta el próximo viernes, día 13.

En declaraciones a los periodistas, el magistrado explicó que la contaminación acústica está directamente relacionada con la calidad vida y el derecho, y agregó que España es uno de los países más ruidosos del mundo.

'Dentro de España -agregó- llama la atención que sea Cáceres una de las ciudades más ruidosas'.

Para el magistrado es necesario llamar la atención a la ciudadanía, las autoridades y a los responsables políticos sobre el hecho de que el ruido, la contaminación acústica, 'no es una molestia sino algo mucho más importante porque está en jugo la salud física y psíquica de los ciudadanos'.

Indicó que hay manifestaciones 'muy graves que atentan seriamente' a la salud y tranquilidad, y al derecho de la intimidad del domicilio, en las que interviene el Derecho Penal con sanciones que tienen 'especial importancia' porque pueden llegar incluso hasta los cuatro años de prisión.

En este sentido apuntó que el Tribunal Supremo ha dictado ya bastantes resoluciones relacionadas con la contaminación acústica y que poco a poco se está creando una mayor sensibilidad.

No obstante, subrayó que entre todos 'hay que hacer un serio esfuerzo', los tribunales, los políticos y los ciudadanos, 'reclamando ante la Administración, cuando están padeciendo un ruido excesivo, para que actúe y para que, en casos extremos, también pueda actuar el Derecho Penal'.

Granados Pérez defendió que hay que distinguir entre lo que son acontecimientos festivos que están perfectamente admitidos, como Las Fallas o Los Sanfermines, en los que 'sería difícil imaginar que pudiésemos poner en vigor una ley del ruido, del terrible ruido continuo que es el que realmente afecta a la salud de los ciudadanos'.

Tras recordar que al propietario de una discoteca en Valencia se le impuso una pena de cárcel por un asunto de contaminación acústica, abogó 'por poner en guardia a los ciudadanos' para que denuncien unos comportamientos 'que deben de ser reprimidos y perseguidos', bien a través de una sanción administrativa que puede llegar a los 300.000 euros o bien, ya en casos extremos, con la intervención del Derecho Penal.

«Fue casual», dice el apuñalado que increpó a una vecina por ruidos.

«Fue casual», dice el apuñalado que increpó a una vecina por ruidos

«Fue un hecho casual», aseguró ayer ante el juez M. G. M., herido grave en una disputa con el novio de una vecina a la que increpaba por hacer demasiado ruido en su vivienda. Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2005 cuando la víctima, que vivía en el primer piso, subió al segundo con un cuchillo de grandes dimensiones después de haber advertido a su vecina quince días antes de que le molestaba el ruido que hacía.

M. G. M., herido grave en una disputa con un amigo de su vecina (M. J. A. C.), al que recriminaba por hacer excesivo ruido, aseguró ayer en el juicio que se celebra en la Audiencia de Gijón que «fue un hecho casual», según «Europa Press». El hombre sufrió una herida torácica profunda y otra en la región abdominal y tuvo que ser operado «con riesgo vital», según de los forenses.

El fiscal ratificó su petición de seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, y una indemnización de 2.584 euros por lesiones y 1.200 por las secuelas. La defensa solicita la absolución al entender que M. J. A. C. actuó en legítima defensa y entiende que M. G. M. también ha de ser imputado, puesto que inició la agresión e hirió al acusado. Y la acusación particular apoya los seis años del fiscal y pide 50.000 euros.

El informe del fiscal precisa que los hechos datan del 25 de diciembre de 2005, cuando M. G. M., que ocupaba el primer piso del inmueble en el que vivía la novia del acusado, subió hasta el segundo y aporreó la puerta para quejarse del ruido. La mujer abrió, pero volvió a cerrar al percatarse de que era el vecino que ya le había llamado la atención hacía unos quince días. M. G. M. volvió de nuevo a llamar a la puerta, pero en esa ocasión abrió el novio de la vecina. Fue cuando M. G. M. sacó un cuchillo de grandes dimensiones con el que estaba partiendo una tarta que llevaba escondido en su pantalón. Comenzó entonces una fuerte disputa en la que que los dos hombres resultaron heridos. M. J. A. C. con un corte en la mano con la que intentó retener a M. G. M., y éste, con las dos puñaladas que pusieron en serio riesgo su vida. El acusado declaró que nunca llegó a quitar el cuchillo a M. G. M. y que tan sólo se defendió de la agresión que sufrían.

Fue la mujer de M. G. M., que subió al oír los gritos, quien alertó a los servicios de emergencia. M. G. M. no pudo explicar ayer por qué usaba un cuchillo tan grande ni por qué lo limpió y subió con él escondido en el pantalón al piso de su vecina.

Un matrimonio que soportó durante siete años el ruido de una discoteca será indemnizado con 14.000 euros.

Un matrimonio que soportó durante siete años el ruido de una discoteca será indemnizado con 14.000 euros. hoy.es

Un matrimonio de Talavera la Real que sufrió durante siete años el ruido de una discoteca que no tenía permiso de apertura deberá ser indemnizado con 14.000 euros. Ésta es parte de la condena impuesta al ex alcalde socialista de Talavera la Real, Juan Luis Rey, y al propietario del negocio. La condena es firme, ya que la Audiencia de Badajoz ha ratificado la sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal número 1 el pasado mes de febrero.

Al alcalde se le condena por un delito de prevaricación medio-ambiental. Es decir, por permitir el funcionamiento ilegal de la discoteca y por hacer caso omiso a las denuncias reiteradas que que presentó el matrimonio, aún conociendo la gravedad de la situación. Además del pago de la indemnización al ex alcalde se le impone una pena de un año de cárcel y ocho años de inhabilitación para desempeñar un cargo público. No deberá ingresar en prisión al ser una pena inferior a los dos años. Para el dueño del negocio, Agustín Martín Constantino, la pena es de dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica. Deberá también pagar una multa de 10 euros al día durante 16 meses (4.800 euros en total) Se decreta la clausura de la discoteca Show (antes llamada Ghus) durante dos años, y también se le inhabilita para ejercer negocios relacionados con el ocio y la diversión durante dos años.

Un calvario de 7 años

La Audiencia ha rechazado los recursos que interpusieron los condenados y también el del matrimonio denunciante que pedía una mayor indemnización en concepto de daño moral.

En una sentencia muy detallada, de la que ha sido ponente el magistrado Matías Madrigal, se recuerda el «calvario» sufrido por el matrimonio denunciante, que soportó durante siete años los ruidos de la discoteca que estaba pegada a su vivienda y que interpuso innumerables denuncias que no eran atendidas.

La sentencia también resalta el hecho de que el local se abrió sin permiso (era una antigua nave no diseñada como local de fiestas) Las mediciones de ruidos que se hicieron durante años en la vivienda del matrimonio arrojaron un nivel de ruido muy superior a lo permitido.

La sentencia hace mención a las normas que castigan la contaminación acústica y cita jurisprudencia de casos similares. «Tanto el Tribunal de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -se afirma-, ponen de manifiesto las graves consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas, la integridad física y moral y su conducta social». La Sala considera probado que el dueño de la discoteca creó una situación de «grave peligro para la integridad física, psíquica, intimidad personal y familiar, bienestar y calidad de vida de los denunciantes».

Delito de prevaricación

En cuanto a la actuación del que era alcalde de Talavera en la época, Juan Luis Rey, la sentencia resalta que permitió que la discoteca funcionara desde 1993 al año 2000 sin licencia y que conocía además las denuncias que existían sobre el ruido que causaba. Es más, en una decisión que el magistrado califica de 'sorprendente', el ex alcalde concedió la licencia definitiva a la discoteca en el año 2001, después de que un informe de la Junta dijese que el nivel de ruido superaba lo permitido.

La sentencia añade que el edil actuó «a sabiendas» de que estaba contraviniendo la ley, de ahí que se le condene por un delito de prevaricación. Los hechos revisten tal gravedad -se afirma en el fallo-, que el alcalde debería haber ordenado el cese definitivo de la actividad y no lo hizo.

El tribunal estima que ha habido una «clara dejación» de su obligación de velar por el cumplimiento del deber general de respeto a los derechos de las personas que se han visto indudablemente afectados.

Más rigor contra los ruidos

Las condenas por ruidos son cada vez menos excepcionales. La de Talavera es la segunda que ratifica la Audiencia de Badajoz en dos años. La anterior era muy similar: fue condenado el ex alcalde de Villanueva del Fresno y la dueña de un bar por los ruidos que producía el establecimiento y que causaban graves molestias a la familia que vivía encima.

Las penas fueron casi idénticas: un año de cárcel para el ex edil, que hizo caso omiso a las denuncias, y dos años para la dueña del bar, además del pago de una indemnización de 12.000 euros a los perjudicados.

Al no haber superado los dos años de cárcel ninguno de los condenados, ni en Villanueva ni en Talavera, ha debido entrar en prisión. Ambos casos coinciden también en la reiteración de denuncias y en la pasividad de los ayuntamientos para atajar el problema.

En Badajoz, las denuncias más importantes por ruidos de locales son las de los vecinos de la Urbanización Guadiana y los de la discoteca Cosmópolis. Según ha explicado a HOY la responsable de esta comunidad, María Teresa Lechón, el caso todavía no ha llegado a los juzgados, y se espera que no sea preciso acudir a ellos.

La discoteca, que en verano está cerrada, ha sido insonorizada, lo que reduce las molestias. Pero además de los ruidos de la música, los vecinos se quejan de las molestias que causan los usuarios al entrar o salir y del vertido de vidrios en la madrugada. A esto hay que sumarle otro problema: se filtra el olor a humo de la discoteca al portal y a algunos pisos.