AENA dice cumplió ley pero admite segunda configuración pistas reduce ruido
Los tres altos cargos del Gobierno y AENA que hoy han declarado ante el juez por videoconferencia han dicho que cumplieron fielmente el estudio de impacto ambiental en la ampliación del aeropuerto de El Prat, pese a admitir que la segunda configuración ha logrado reducir los ruidos.
El presidente de AENA, Manuel Azuaga, el director general de Calidad Ambiental, Jaime Alejandre, y el director de Aviación Civil, Manuel Bautista, han declarado hoy como imputados ante el juzgado de instrucción número 3 de El Prat, en relación con la querella por un delito contra el medio ambiente interpuesta por vecinos de Gavá y Castelldefels (Barcelona), por los ruidos que provoca el aeropuerto.
La jueza ha autorizado finalmente a declarar por videoconferencia a los tres altos cargos, en lo que supone una medida excepcional, pese a que ella misma les denegó esa posibilidad en diciembre del año pasado.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, los imputados han insistido en que para la ampliación del aeropuerto se limitaron a ejecutar los convenios interadministrativos, suscritos por la Generalitat y los ayuntamientos de la zona, y las resoluciones que avalaban la puesta en funcionamiento de la tercera pista.
Concretamente, insistieron, la ampliación del aeropuerto cumplió escrupulosamente la declaración de impacto ambiental aprobada y todas las cuestiones medioambientales relacionadas con las obra se dirimieron en el marco de la comisión de seguimiento, de la que forman parte el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos.
En el marco de esa comisión, ha señalado Azuaga, AENA ha adoptado siempre sus decisiones respetando el acuerdo mayoritario de las administraciones locales y mostrando sensibilidad hacia las reclamaciones de los vecinos, que desde el principio se quejaron del exceso de ruido de los aviones que sobrevolaban sus casas.
Por ese motivo, han sostenido, en octubre pasado se acordó un nuevo cambio en la configuración del aeropuerto, por el que los despegues se realizan desde la tercera pista, haciendo un viraje hacia el mar, y la principal se usa en los aterrizajes, lo que ha costado 20 millones de euros.
Los imputados han admitido que ese 'cambio de rol' de las pistas ha conseguido reducir los ruidos, sin mermar la capacidad operativa del aeropuerto, lo que en su opinión no implica que antes se estuviera incumpliendo la declaración de impacto ambiental.
Para los altos cargos del Gobierno y AENA, que no han negado las molestias que pueda causar el aeropuerto, el impacto ambiental de toda infraestructura se va calculando a medida que entra en funcionamiento, lo que permite sobre la marcha incorporar cambios como el introducido con el 'cambio de rol' de las pistas.
Respecto a las mediciones sonoras realizadas en la zona por encargo de los vecinos, que superan los 65 decibelios diurnos y 55 nocturnos establecidos en el estudio de impacto ambiental, los imputados han cuestionado los cálculos realizados, por ser 'puntuales y no discriminatorios'.
En el futuro, el responsable de AENA ha asegurado que se hará 'todo lo posible' para compaginar el funcionamiento del aeropuerto con las reclamaciones vecinales.
El letrado de la querellante Asociación de Vecinos Gavá-Mar, David Jurado, ha lamentado que la nueva configuración del aeropuerto se haya decidido 'dos años después de que la gente sufra las molestias de forma gratuita'.
El abogado Rafael Entrena Fabré, que defiende a Azuaga, ha opinado que las declaraciones acreditan que los imputados cumplieron estrictamente la ley.
