El juzgado de El Prat de Llobregat ha confirmado el archivo de la investigación abierta por el ruido que provocan los aviones que sobrevuelan Gavà y Castelldefels cuando despegan del aeropuerto barcelonés. De esta manera, ha desestimado los recursos presentados por los vecinos afectados y la fiscalía contra la resolución del 2 de agosto del 2007, por la que se acordó el sobreseimiento de la causa. En este proceso fueron imputados el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación (Aena), Manuel Azuaga, y dos altos cargos del Gobierno central.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat, Xènia San José Arévalo, considera que los hechos denunciados no son constitutivos de "infracción penal", a la vez que entiende que tampoco se ha producido una "transgresión de la normativa administrativa". En su auto, expone que "las configuraciones de vuelos establecidas conllevan el derecho a que se establezcan medidas de aislamiento y que la superación de los niveles de ruido no han de implicar necesariamente la comisión de un delito".
RUTAS ALTERNATIVAS
La resolución sostiene que se adoptaron medidas para paliar los efectos producidos por el ruido generado por los aviones, como "la supresión de determinadas operaciones de despegue; los usos de las reservas de motores; las rutas de aproximación alternativas para reducir el impacto acústico, y el sistema automatizado del control del ruido". Detalla que se han solucionado los problema existentes al establecer la configuración oeste (aterrizaje por la Zona Franca y despegue por el mar) como preferente y limitando la modalidad que pasa por encima de Gavà y Castelldefels al 15% de las operaciones.
La jueza relata que si bien es cierto que existen "los actos productores de ruido", no se entiende con ello que se infrinjan normas penales. "No puede considerarse las actuaciones de los querellados en relación al proyecto de elaboración y puesta en funcionamiento" de la tercera pista del aeropuerto "como una conducta asimilable a un delito contra el medio ambiente", sentencia. Y apunta a que se trata de una cuestión administrativa, "debiendo darse una solución por vías diferentes al proceso penal". Las acusaciones particulares recurrirán este archivo ante la Audiencia de Barcelona.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat, Xènia San José Arévalo, considera que los hechos denunciados no son constitutivos de "infracción penal", a la vez que entiende que tampoco se ha producido una "transgresión de la normativa administrativa". En su auto, expone que "las configuraciones de vuelos establecidas conllevan el derecho a que se establezcan medidas de aislamiento y que la superación de los niveles de ruido no han de implicar necesariamente la comisión de un delito".
RUTAS ALTERNATIVAS
La resolución sostiene que se adoptaron medidas para paliar los efectos producidos por el ruido generado por los aviones, como "la supresión de determinadas operaciones de despegue; los usos de las reservas de motores; las rutas de aproximación alternativas para reducir el impacto acústico, y el sistema automatizado del control del ruido". Detalla que se han solucionado los problema existentes al establecer la configuración oeste (aterrizaje por la Zona Franca y despegue por el mar) como preferente y limitando la modalidad que pasa por encima de Gavà y Castelldefels al 15% de las operaciones.
La jueza relata que si bien es cierto que existen "los actos productores de ruido", no se entiende con ello que se infrinjan normas penales. "No puede considerarse las actuaciones de los querellados en relación al proyecto de elaboración y puesta en funcionamiento" de la tercera pista del aeropuerto "como una conducta asimilable a un delito contra el medio ambiente", sentencia. Y apunta a que se trata de una cuestión administrativa, "debiendo darse una solución por vías diferentes al proceso penal". Las acusaciones particulares recurrirán este archivo ante la Audiencia de Barcelona.
