Magistrado del Supremo anima a denunciar cuando se sufra ruido.

Magistrado del Supremo anima a denunciar cuando se sufra ruido

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Carlos Granados Pérez animó hoy a los ciudadanos que estén 'sufriendo o padeciendo' algún caso de contaminación acústica a que denuncien estos comportamientos para que sean reprimidos, ya que está en juego la salud.

Granados Pérez pronunció la conferencia inaugural del curso 'Derecho y calidad de vida' que, enmarcado en la programación de la octava edición de los Cursos de Verano Internacionales de la Universidad de Extremadura (UEX), se desarrolla en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera hasta el próximo viernes, día 13.

En declaraciones a los periodistas, el magistrado explicó que la contaminación acústica está directamente relacionada con la calidad vida y el derecho, y agregó que España es uno de los países más ruidosos del mundo.

'Dentro de España -agregó- llama la atención que sea Cáceres una de las ciudades más ruidosas'.

Para el magistrado es necesario llamar la atención a la ciudadanía, las autoridades y a los responsables políticos sobre el hecho de que el ruido, la contaminación acústica, 'no es una molestia sino algo mucho más importante porque está en jugo la salud física y psíquica de los ciudadanos'.

Indicó que hay manifestaciones 'muy graves que atentan seriamente' a la salud y tranquilidad, y al derecho de la intimidad del domicilio, en las que interviene el Derecho Penal con sanciones que tienen 'especial importancia' porque pueden llegar incluso hasta los cuatro años de prisión.

En este sentido apuntó que el Tribunal Supremo ha dictado ya bastantes resoluciones relacionadas con la contaminación acústica y que poco a poco se está creando una mayor sensibilidad.

No obstante, subrayó que entre todos 'hay que hacer un serio esfuerzo', los tribunales, los políticos y los ciudadanos, 'reclamando ante la Administración, cuando están padeciendo un ruido excesivo, para que actúe y para que, en casos extremos, también pueda actuar el Derecho Penal'.

Granados Pérez defendió que hay que distinguir entre lo que son acontecimientos festivos que están perfectamente admitidos, como Las Fallas o Los Sanfermines, en los que 'sería difícil imaginar que pudiésemos poner en vigor una ley del ruido, del terrible ruido continuo que es el que realmente afecta a la salud de los ciudadanos'.

Tras recordar que al propietario de una discoteca en Valencia se le impuso una pena de cárcel por un asunto de contaminación acústica, abogó 'por poner en guardia a los ciudadanos' para que denuncien unos comportamientos 'que deben de ser reprimidos y perseguidos', bien a través de una sanción administrativa que puede llegar a los 300.000 euros o bien, ya en casos extremos, con la intervención del Derecho Penal.

La ordenanza del ruido acumula nuevas críticas de vecinos y PSPV

La ordenanza del ruido acumula nuevas críticas de vecinos y PSPV · ELPAÍS.com

La nueva ordenanza contra el ruido de Valencia acumuló ayer nuevas críticas en forma de alegaciones que pretenden enmendar numerosos artículos de un texto que la Federación de Asociaciones de Vecinos, otras entidades ciudadanas y el grupo municipal socialista consideran que desprotege a los afectados por la contaminación acústica y conculca sus derechos. La asociación Juristas contra el Ruido también ha decidido plantear alegaciones a la ordenanza, a las que deberá dar respuesta el equipo de gobierno del PP antes de aprobarla.

La actual normativa no ha servido para combatir el exceso de ruido ni para proteger a los ciudadanos ante los abusos en una urbe que supera los niveles máximos de decibelios recomendados tanto de día como de noche, según advierte al inicio de sus alegaciones la federación vecinal en unas pocas líneas que revelan la magnitud del problema. Los vecinos denuncian la falta de "capacidad y competencia administrativa para poner fin a esta grave situación", lo que ha obligado a muchos afectados a acudir a la vía judicial. Por ello, las principales alegaciones van dirigidas a lograr "agilidad en la gestión de las denuncias" y a la aplicación de medidas cautelares "efectivas" para evitar que se eternicen los expedientes contra locales infractores que "alargan artificialmente" el procedimiento mientras los vecinos continúan sometidos al ruido denunciado. En la misma línea que las alegaciones de otras entidades vecinales y del PSPV-PSOE, la federación rechaza la vulneración de derechos ciudadanos en el artículo 55, que limita y dificulta la denuncia y prevé imponer el coste de informes periciales a los afectados. La federación también objeta al blindaje del ruido en fiestas como la Cabalgata de Reyes, que considera no debe incluirse en una lista de "excepciones" a la ordenanza.

Menos decibelios

La concejal socialista Carmina del Río también explicó ayer las 18 alegaciones del grupo municipal, que ahondan en la crítica a la reducción de garantías para los ciudadanos, como es el caso de la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS). La ordenanza introduce un artículo sobre posibles "actuaciones previas" que convierte las ZAS en un acto "discrecional", cuando está reglado por ley. Del Río denunció que el Ayuntamiento intenta sortear la declaración de nuevas zonas -las últimas dos se impusieron por sentencia- y que no establece claramente la limitación de horarios. La concejal socialista alertó asimismo contra los artículos que equiparan las obligaciones de denunciantes y los supuestos infractores en la tramitación de los expedientes por exceso de ruidos.

Del Río propuso la reducción de los límites máximos de ruido en conciertos y verbenas, que la ordenanza fija en 90 decibelios y que los socialistas pretenden corregir a 75 durante el día y 65 por la noche -20 más de lo habitual-. En caso de molestias graves, la concejal exigió medidas inmediatas, y puso objeciones al apartado que permite mesas y silla en áreas públicas porque a su juicio justifican casos como la terraza de L'Umbracle.

El ruido de obras que no cesa.

levante-emv.com - El ruido de obras que no cesa

El canto de las cigarras dejó hace mucho tiempo de ser el sonido más habitual del verano en la Marina Alta. En los últimos años, las obras privadas y a veces también las públicas le han amargado las vacaciones a más de un turista. Teulada fue el primer municipio en paralizar en agosto la construcción. Otros pueblos del litoral echan ahora mano de medidas contra el ruido. Xàbia es la excepción y ni en verano se libra del fragor de sus polémicas obras.

Sara Mut, Dénia

La campaña Calp sin ruido , presentada ayer en el Ayuntamiento de Calp, se suma a las diversas iniciativas contra el ruido que se han extendido por toda la comarca para la temporada veraniega. Dénia, Xàbia, Benissa y Teulada son municipios que, de una forma más o menos enérgica, también han tomado medidas para controlar el exceso de ruido.

En el caso de Calp, el consistorio ha puesto el punto de mira en los ciclomotores y las obras de construcción. La nueva concejala de Medio Ambiente, Marta Cabezudo, el edil de Seguridad Ciudadana, Nicolay Pérez, el intendente de la Policía Local, Manuel Eguilior, y el alcalde del municipio, Luis Serna, explicaron ayer que medidas concretas van a tomar para solucionar un problema como el del ruido que, según Pérez, provocan «muchas quejas» ciudadanas.

La Policía Local controlará que los ciclomotores no sobrepasen los decibelios establecidos en la normativa. Los vehículos de este tipo que reciban el alto de los agentes y superen el límite sonoro irán a parar al taller. Según Eguilior, «no saldrán de ahí» hasta verificar que el ruido que emiten no supera el máximo permitido. Además, los conductores de los ciclomotores podrán ser sancionados con una multa que oscila entre los 75 y los 150 euros.

En cuanto a las obras que salpican el municipio, la concejala de Medio Ambiente, Marta Cabezudo, afirmó que se va a hacer cumplir la Ordenanza municipal según la cual, del 1 de julio al 15 de septiembre no se puede utilizar maquinaria pesada en la construcción. En el mismo documento se limita el horario en el que están permitidos los trabajos de obra, de 9 a 14 horas, por la mañana, y de 17 a 20 horas, por la tarde.

El Ayuntamiento de Benissa también ha establecido un horario para las obras -tanto públicas como privadas- que se estén desarrollando en el núcleo de población. El trabajo en la obra no podrá empezar antes de las 8 ni acabar después de las 20 horas. Además, el ruido emitido en las zonas residenciales por cualquier tipo de actividad, no podrá superar los 35 decibelios por el día, ni los 25 por la noche.

El Ayuntamientos de Dénia también ha tomado medidas contra el ruido y para paliar las molestias que provocan las obras en verano. El pasado jueves el nuevo edil de Urbanismo, Vicent Grimalt, anunció que había ordenado a las adjudicatarias de las obras públicas que se ejecutan en el casco urbano, que no continuaran con los trabajos y taparan las zanjas abiertas. Esta medida supone la paralización de siete obras que se estaban llevando a cabo en la actualidad.

Aunque podrán seguir haciéndose tareas menores como la adecuación de aceras, en todos los casos se reabrirán las calles que por las obras están cerradas en Dénia. El gerente de Urbanismo, Joan Frasés, explicó que la medida sólo afecta a las obras públicas ya que, si las privadas también tuvieran que detenerse, «más de uno se quedaría en el paro» .

Mientras tanto, Xàbia también tiene una ordenanza contra el ruido, pero las obras son tantas y de tanta envergadura que parece claro que ni siquiera en verano habrá tregua. Las obras públicas, las de las rondas y aparcamientos subterráneos no se pueden suspender en agosto, porque lo que ayuntamiento y vecinos quieren es que el calvario de meses y meses de calles cerradas y zanjas abiertas termine cuanto antes. Otro caso bien distinto es el de obras privadas, como las del Arenal. Pararlas en agosto sí que evitaría, al menos, que en estos días de gran afluencia turística circulen camiones.

Para todos los municipios turísticos de la Marina Alta el ejemplo a seguir es Teulada. Ya el pasado mes de agosto estuvo vigente la ordenanza que suspendía las obras. Eso sí, los proyectos públicos continuarán desarrollándose, ya que, según ha subrayado el alcalde, José Císcar, en estas obras late el interés general y están sujetas a plazos de ejecución de los que a menudo dependen subvenciones.

Los vecinos alegan que la ordenanza del ruido les criminaliza y el PSPV, que dificulta las ZAS

levante-emv.com - Los vecinos alegan que la ordenanza del ruido les criminaliza y el PSPV, que dificulta las ZAS

La ordenanza municipal del ruido, cuyo plazo de exposición al público acabó ayer, ha recibido más de 40 alegaciones por parte del grupo municipal socialista, de los vecinos, los hosteleros y los afectados de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de Menéndez Pelayo y Juan Llorens y del barrio Carmen, donde se está a la espera de la resolución judicial sobre la declaración ZAS que imponga un recorte de los horarios de los locales de ocio nocturno. El PSPV, que ha enmendado 18 puntos de la nueva ordenanza, reclama que se suprima el artículo 50 que regula la posibilidad de fijar medidas provisionales en zonas donde se supere en más de 15 decibelios los niveles de ruido permitidos (45 de noche y 55 de día) como medida previa a la declaración de zona ZAS (artículo 49).


Según explicó ayer la concejal socialista, Carmina del Río, este artículo «priva a los ciudadanos de un instrumento de protección frente a la contaminación acústica y permite al ayuntamiento sortear la declaración ZAS con medidas paliativas del ruido sin concretar». «El ayuntamiento podrá dar carpetazo a un problema que requeriría la declaración de ZAS con medias cautelares como enviar a dos policías o cerrar media hora antes las terrazas», apuntó.

Los socialistas proponen rebajar los límites de ruido de las verbenas -incluidas las de Fallas- y conciertos en vía pública y que no superen los 65 decibelios por la noche y los 75 por el día. La ordenanza fija un límite de 90 decibelios, veinte menos de los que produce una «mascletà».

La normativa, según del Río, es demasiado exigente en cuestiones como la retirada de los aparatos de aire acondicionado de las fachadas, algo que por otro lado es competencia urbanística, y en cambio «parece un traje a medida» para determinados negocios, como la terraza de l'Umbracle al abrir la puerta a que las discotecas ubicadas en entornos residenciales puedan instalar mesas y sillas en espacios públicos en determinados supuestos. Las alegaciones de los vecinos de la ZAS también critican este aspecto que consideran un «privilegio incomprensible para establecimientos muy específicos».

El PSPV pide que se reforme de arriba a abajo el artículo 55 que sanciona a los ciudadanos en caso de «denuncias temerarias». La Federación de Vecinos también incide en este artículo y rechaza que se pueda girar el coste de inspección al denunciante así como la carga de la prueba.

Los vecinos, que han presentado cuatro alegaciones, piden al ayuntamiento más «agilidad» en la resolución de las quejas y «efectividad en las medidas cautelares y definitivas contra los infractores». La federación vecinal propone que se reduzca el plazo para aplicar medidas correctoras a siete meses en vez de a un año como prevé la ordenanza y rechazan que se amparen a la excepcionalidad prevista para una docena de fiestas, entre ellas las Fallas, «celebraciones que en principio no deben exceder los límites de la ordenanza, como la Cabalgata de Reyes». También reclaman que se prohíba la colocación de televisores en las terrazas de los locales de ocio para ver partidos de fútbol, una práctica al parecer muy habitual. Valoran la simplificación del procedimiento de declaración ZAS, si bien inciden en la necesidad de dictar como medida cautelar el cierre de los locales infractores en quince días.

Por otro lado, el abogado experto en temas de ruido, Andrés Morey, presentó ayer un documento con 15 alegaciones a la ordenanza del ruido en nombre de los vecinos de Menéndez Pelayo, Juan Llorens y del barrio del Carmen. Las enmiendas cuentan con el respaldo de la Asociación de Juristas contra el Ruido que confía en que la normativa se corrija en base a las alegaciones, en las que se asegura que la nueva ordenanza supone en varios puntos un «retroceso» en relación a la normativa de 1996. «Se trata de regularizar y minimizar la contaminación acústica no de amedrentar y criminalizar a los ciudadanos por el ejercicio de sus derechos», añaden en relación al controvertido artículo 55. Los vecinos de las ZAS se oponen a que los denunciantes tengan que identificarse cuando denuncien una posible infracción porque «puede generar represalias o enfrentamientos personales».

La Federación Valenciana de Hostelería no quiso dar a conocer el contenido de sus alegaciones antes de reunirse con la concejal de ruido, Lourdes Bernal.