JURISTAS CONTRA EL RUIDO ANIMA A LOS CIUDADANOS A DENUNCIAR A LA ADMINISTRACIÓN CUANDO ÉSTA INCUMPLA LA NORMATIVA
MADRID, 02-ENE-2008
Joaquín José Herrera, presidente de la asociación de Juristas Contra el Ruido (JCR), animó hoy a los ciudadanos a denunciar a las administraciones cuando éstas vulneren los niveles de ruido permitidos por la ley.
De esta forma, hacía alusión a la decisión del Tribunal Supremo que confirma la condena al ayuntamiento de Bilbao a pagar 10.000 euros a un vecino por el ruido que producía el camión del servicio municipal de limpieza los domingos.
Herrera considera que acudir a los tribunales es "la única solución para que los ayuntamientos apliquen la normativa medioambiental", y lo califica de "paradójico", pues son los propios ayuntamientos quienes deben aplicar las normativas del ministerio de Salud.
El presidente de JCR destacó el hecho de que el ayuntamiento de Bilbao recurriera la primera sentencia, enfrentándose así a un ciudadano que simplemente quería que su administración cumpliera la legislación en vigor.
Considera Herrera que se han invertido los papeles, y que los ciudadanos están ejerciendo la labor de control que deberían llevar a cabo los ayuntamientos.
Por último, valoró en gran medida la sentencia del Tribunal Supremo, y espera que se cree un precedente para que las administraciones comiencen a cambiar sus actitudes en materia medioambiental.
De esta forma, hacía alusión a la decisión del Tribunal Supremo que confirma la condena al ayuntamiento de Bilbao a pagar 10.000 euros a un vecino por el ruido que producía el camión del servicio municipal de limpieza los domingos.
Herrera considera que acudir a los tribunales es "la única solución para que los ayuntamientos apliquen la normativa medioambiental", y lo califica de "paradójico", pues son los propios ayuntamientos quienes deben aplicar las normativas del ministerio de Salud.
El presidente de JCR destacó el hecho de que el ayuntamiento de Bilbao recurriera la primera sentencia, enfrentándose así a un ciudadano que simplemente quería que su administración cumpliera la legislación en vigor.
Considera Herrera que se han invertido los papeles, y que los ciudadanos están ejerciendo la labor de control que deberían llevar a cabo los ayuntamientos.
Por último, valoró en gran medida la sentencia del Tribunal Supremo, y espera que se cree un precedente para que las administraciones comiencen a cambiar sus actitudes en materia medioambiental.
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