La ordenanza municipal del ruido, cuyo plazo de exposición al público acabó ayer, ha recibido más de 40 alegaciones por parte del grupo municipal socialista, de los vecinos, los hosteleros y los afectados de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de Menéndez Pelayo y Juan Llorens y del barrio Carmen, donde se está a la espera de la resolución judicial sobre la declaración ZAS que imponga un recorte de los horarios de los locales de ocio nocturno. El PSPV, que ha enmendado 18 puntos de la nueva ordenanza, reclama que se suprima el artículo 50 que regula la posibilidad de fijar medidas provisionales en zonas donde se supere en más de 15 decibelios los niveles de ruido permitidos (45 de noche y 55 de día) como medida previa a la declaración de zona ZAS (artículo 49).
Según explicó ayer la concejal socialista, Carmina del Río, este artículo «priva a los ciudadanos de un instrumento de protección frente a la contaminación acústica y permite al ayuntamiento sortear la declaración ZAS con medidas paliativas del ruido sin concretar». «El ayuntamiento podrá dar carpetazo a un problema que requeriría la declaración de ZAS con medias cautelares como enviar a dos policías o cerrar media hora antes las terrazas», apuntó.
Los socialistas proponen rebajar los límites de ruido de las verbenas -incluidas las de Fallas- y conciertos en vía pública y que no superen los 65 decibelios por la noche y los 75 por el día. La ordenanza fija un límite de 90 decibelios, veinte menos de los que produce una «mascletà».
La normativa, según del Río, es demasiado exigente en cuestiones como la retirada de los aparatos de aire acondicionado de las fachadas, algo que por otro lado es competencia urbanística, y en cambio «parece un traje a medida» para determinados negocios, como la terraza de l'Umbracle al abrir la puerta a que las discotecas ubicadas en entornos residenciales puedan instalar mesas y sillas en espacios públicos en determinados supuestos. Las alegaciones de los vecinos de la ZAS también critican este aspecto que consideran un «privilegio incomprensible para establecimientos muy específicos».
El PSPV pide que se reforme de arriba a abajo el artículo 55 que sanciona a los ciudadanos en caso de «denuncias temerarias». La Federación de Vecinos también incide en este artículo y rechaza que se pueda girar el coste de inspección al denunciante así como la carga de la prueba.
Los vecinos, que han presentado cuatro alegaciones, piden al ayuntamiento más «agilidad» en la resolución de las quejas y «efectividad en las medidas cautelares y definitivas contra los infractores». La federación vecinal propone que se reduzca el plazo para aplicar medidas correctoras a siete meses en vez de a un año como prevé la ordenanza y rechazan que se amparen a la excepcionalidad prevista para una docena de fiestas, entre ellas las Fallas, «celebraciones que en principio no deben exceder los límites de la ordenanza, como la Cabalgata de Reyes». También reclaman que se prohíba la colocación de televisores en las terrazas de los locales de ocio para ver partidos de fútbol, una práctica al parecer muy habitual. Valoran la simplificación del procedimiento de declaración ZAS, si bien inciden en la necesidad de dictar como medida cautelar el cierre de los locales infractores en quince días.
Por otro lado, el abogado experto en temas de ruido, Andrés Morey, presentó ayer un documento con 15 alegaciones a la ordenanza del ruido en nombre de los vecinos de Menéndez Pelayo, Juan Llorens y del barrio del Carmen. Las enmiendas cuentan con el respaldo de la Asociación de Juristas contra el Ruido que confía en que la normativa se corrija en base a las alegaciones, en las que se asegura que la nueva ordenanza supone en varios puntos un «retroceso» en relación a la normativa de 1996. «Se trata de regularizar y minimizar la contaminación acústica no de amedrentar y criminalizar a los ciudadanos por el ejercicio de sus derechos», añaden en relación al controvertido artículo 55. Los vecinos de las ZAS se oponen a que los denunciantes tengan que identificarse cuando denuncien una posible infracción porque «puede generar represalias o enfrentamientos personales».
La Federación Valenciana de Hostelería no quiso dar a conocer el contenido de sus alegaciones antes de reunirse con la concejal de ruido, Lourdes Bernal.
Según explicó ayer la concejal socialista, Carmina del Río, este artículo «priva a los ciudadanos de un instrumento de protección frente a la contaminación acústica y permite al ayuntamiento sortear la declaración ZAS con medidas paliativas del ruido sin concretar». «El ayuntamiento podrá dar carpetazo a un problema que requeriría la declaración de ZAS con medias cautelares como enviar a dos policías o cerrar media hora antes las terrazas», apuntó.
Los socialistas proponen rebajar los límites de ruido de las verbenas -incluidas las de Fallas- y conciertos en vía pública y que no superen los 65 decibelios por la noche y los 75 por el día. La ordenanza fija un límite de 90 decibelios, veinte menos de los que produce una «mascletà».
La normativa, según del Río, es demasiado exigente en cuestiones como la retirada de los aparatos de aire acondicionado de las fachadas, algo que por otro lado es competencia urbanística, y en cambio «parece un traje a medida» para determinados negocios, como la terraza de l'Umbracle al abrir la puerta a que las discotecas ubicadas en entornos residenciales puedan instalar mesas y sillas en espacios públicos en determinados supuestos. Las alegaciones de los vecinos de la ZAS también critican este aspecto que consideran un «privilegio incomprensible para establecimientos muy específicos».
El PSPV pide que se reforme de arriba a abajo el artículo 55 que sanciona a los ciudadanos en caso de «denuncias temerarias». La Federación de Vecinos también incide en este artículo y rechaza que se pueda girar el coste de inspección al denunciante así como la carga de la prueba.
Los vecinos, que han presentado cuatro alegaciones, piden al ayuntamiento más «agilidad» en la resolución de las quejas y «efectividad en las medidas cautelares y definitivas contra los infractores». La federación vecinal propone que se reduzca el plazo para aplicar medidas correctoras a siete meses en vez de a un año como prevé la ordenanza y rechazan que se amparen a la excepcionalidad prevista para una docena de fiestas, entre ellas las Fallas, «celebraciones que en principio no deben exceder los límites de la ordenanza, como la Cabalgata de Reyes». También reclaman que se prohíba la colocación de televisores en las terrazas de los locales de ocio para ver partidos de fútbol, una práctica al parecer muy habitual. Valoran la simplificación del procedimiento de declaración ZAS, si bien inciden en la necesidad de dictar como medida cautelar el cierre de los locales infractores en quince días.
Por otro lado, el abogado experto en temas de ruido, Andrés Morey, presentó ayer un documento con 15 alegaciones a la ordenanza del ruido en nombre de los vecinos de Menéndez Pelayo, Juan Llorens y del barrio del Carmen. Las enmiendas cuentan con el respaldo de la Asociación de Juristas contra el Ruido que confía en que la normativa se corrija en base a las alegaciones, en las que se asegura que la nueva ordenanza supone en varios puntos un «retroceso» en relación a la normativa de 1996. «Se trata de regularizar y minimizar la contaminación acústica no de amedrentar y criminalizar a los ciudadanos por el ejercicio de sus derechos», añaden en relación al controvertido artículo 55. Los vecinos de las ZAS se oponen a que los denunciantes tengan que identificarse cuando denuncien una posible infracción porque «puede generar represalias o enfrentamientos personales».
La Federación Valenciana de Hostelería no quiso dar a conocer el contenido de sus alegaciones antes de reunirse con la concejal de ruido, Lourdes Bernal.
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