El PP exige reformar las ordenanzas municipales sobre ruido y terrazas
El Partido Popular recordó ayer al equipo de gobierno que lidera Paz Fernandez Felgueroso sus tareas pendientes en cuanto a las normativas municipales que afectan directamente al sector hostelero: las ordenanzas que regulan la instalación de terrazas y el control de ruidos. La concejala del Grupo Popular María Teresa Menéndez Hevia fue la encargada de denunciar «el incumplimiento de dichas ordenanzas».
La representante popular reclamó la reforma de «una maltrecha ordenanza de terrazas» que, según el punto de vista del Partido Popular, no se adapta a las exigencias del mercado actual y en algunos casos resulta ambigua, como reflejan las denuncias de los hosteleros de la ciudad en temas como la permanencia de las terrazas a lo largo de todo el año o los cambios en los modelos de terrazas para favorecer un mobiliario urbano agradable. Ahora mismo se considera que los requisitos exigidos son muy rígidos. Por este motivo el sector hostelero propuso una modificación al poco tiempo de estar en vigencia la actual.
Menéndez apuntó que, ante la lentitud que muestra el equipo de gobierno en asumir esas peticiones y reformar la ordenanza, se ven obligados a proponer la modificación de esta normativa, que está vigente sólo desde el año 2002. La propuesta del PP es que la modificación parta del consenso de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento, los vecinos y los representantes del colectivo hostelero que son «los grandes ausentes en las normativas municipales».
Según la representante del Grupo Popular «se llega al caso en que algunos hosteleros les conviene, a nivel económico, vulnerar la normativa y soportar las sanciones municipales». Dentro de la petición de reforma de esta ordenanza, los populares plantean la posibilidad de mantener las terrazas abiertas durante todo el año «siempre que se respeten las medidas higiénicas y estéticas que plantea la ley y su consenso con el grupo vecinal».
Respecto a los artículos de la ordenanza sobre ruido, la concejala popular sustentó sus críticas en unas declaraciones de los responsables municipales que reconocían que «no se aplican rigurosamente». Por ello los populares solicitan que las normativas municipales se ajusten a las necesidades del sector y se hagan cumplir por parte del gobierno local. «Según nuestro criterio, es necesario que se cuente con tres interlocutores necesarios: los partidos políticos de la Corporación, los representantes hosteleros y los representantes de las asociaciones vecinales», dijo.
El Partido Popular observa en la ordenanza de control de ruidos aprobada el pasado año algunas carencias debido a que «se aplica con criterios de flexibilidad excesivos». Según la representante del Grupo Popular, «una normativa que se aprueba y dos meses después se dice que va a ser flexible, implica que no se va a cumplir». Por ello lo que se plantea es que se modifique o se cumpla la ordenanza, con el único fin de que se favorezcan los intereses de los ciudadanos y los miembros del sector hostelero. Por otro lado, Menéndez reconoce que «el problema de estas ordenanzas es que tiene que ir pareja con una normativa que existe en el Principado, y el tema de los horarios es muy rígido, lo que provoca que algunos escalafones son prácticamente incumplibles».
La concejalía de Medio Ambiente abrió durante los cuatro primeros meses de este año un total de 123 expedientes sancionadores por el incumplimiento de la ordenanza municipal del ruido.
Dentro de este balance, las denuncias a establecimientos del sector hostelero ocupaba la segunda posición detrás de las realizadas en viviendas particulares. Un total de 31 infracciones en locales de copas, cafeterías y bares que incumplieron la normativa municipal.
La representante popular reclamó la reforma de «una maltrecha ordenanza de terrazas» que, según el punto de vista del Partido Popular, no se adapta a las exigencias del mercado actual y en algunos casos resulta ambigua, como reflejan las denuncias de los hosteleros de la ciudad en temas como la permanencia de las terrazas a lo largo de todo el año o los cambios en los modelos de terrazas para favorecer un mobiliario urbano agradable. Ahora mismo se considera que los requisitos exigidos son muy rígidos. Por este motivo el sector hostelero propuso una modificación al poco tiempo de estar en vigencia la actual.
Menéndez apuntó que, ante la lentitud que muestra el equipo de gobierno en asumir esas peticiones y reformar la ordenanza, se ven obligados a proponer la modificación de esta normativa, que está vigente sólo desde el año 2002. La propuesta del PP es que la modificación parta del consenso de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento, los vecinos y los representantes del colectivo hostelero que son «los grandes ausentes en las normativas municipales».
Según la representante del Grupo Popular «se llega al caso en que algunos hosteleros les conviene, a nivel económico, vulnerar la normativa y soportar las sanciones municipales». Dentro de la petición de reforma de esta ordenanza, los populares plantean la posibilidad de mantener las terrazas abiertas durante todo el año «siempre que se respeten las medidas higiénicas y estéticas que plantea la ley y su consenso con el grupo vecinal».
Respecto a los artículos de la ordenanza sobre ruido, la concejala popular sustentó sus críticas en unas declaraciones de los responsables municipales que reconocían que «no se aplican rigurosamente». Por ello los populares solicitan que las normativas municipales se ajusten a las necesidades del sector y se hagan cumplir por parte del gobierno local. «Según nuestro criterio, es necesario que se cuente con tres interlocutores necesarios: los partidos políticos de la Corporación, los representantes hosteleros y los representantes de las asociaciones vecinales», dijo.
El Partido Popular observa en la ordenanza de control de ruidos aprobada el pasado año algunas carencias debido a que «se aplica con criterios de flexibilidad excesivos». Según la representante del Grupo Popular, «una normativa que se aprueba y dos meses después se dice que va a ser flexible, implica que no se va a cumplir». Por ello lo que se plantea es que se modifique o se cumpla la ordenanza, con el único fin de que se favorezcan los intereses de los ciudadanos y los miembros del sector hostelero. Por otro lado, Menéndez reconoce que «el problema de estas ordenanzas es que tiene que ir pareja con una normativa que existe en el Principado, y el tema de los horarios es muy rígido, lo que provoca que algunos escalafones son prácticamente incumplibles».
La concejalía de Medio Ambiente abrió durante los cuatro primeros meses de este año un total de 123 expedientes sancionadores por el incumplimiento de la ordenanza municipal del ruido.
Dentro de este balance, las denuncias a establecimientos del sector hostelero ocupaba la segunda posición detrás de las realizadas en viviendas particulares. Un total de 31 infracciones en locales de copas, cafeterías y bares que incumplieron la normativa municipal.
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