H. G., Valencia
La concejal socialista, Carmina Del Río, avanzó ayer en rueda de prensa las alegaciones que presentarán el lunes al proyecto de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica. El PSPV considera que la normativa contiene aspectos «ilegales». En concreto, solicitará que se reformule «de arriba a abajo» el artículo 55, que regula las denuncias sobre ejecución de obras, mantenimiento de la edificación y actividades, porque «pone trabas a la acción y a la denuncia ciudadana». Según el texto actual del citado artículo, el ayuntamiento podrá determinar si una denuncia por ruido es «temeraria» y penalizar al denunciante cargándole el coste de los trámites asociados a la denuncia (inspecciones de policía, mediciones sonométricas, etc.). Además, no se admitirán las «denuncias reiteradas» sobre el mismo hecho durante tres años.
La concejal Del Río aseguró que la normativa es «contraria a derecho porque obliga al ciudadano a asumir los costes por lo que es la normal actividad de la administración pública». Así, se preguntó quién y bajo qué criterios se determinará si una denuncia es temeraria y advirtió que «podría darse el caso de que un vecino que denuncie las molestias por ruido del pub de debajo de su casa acabe viéndose obligado a pagar» las mediciones del ruido de la policía local. El consistorio también podrá requerir al ciudadano que aporte pruebas periciales sobre la incorrecta insonorización de los edificios.
Del Río insistió en que en la ordenanza, que está en fase de alegaciones hasta el día 10 de julio, «entorpece los derechos de los ciudadanos», se opone a principios generales que marcan la actividad administrativa y «propugna la inactividad de la Administración». La ordenanza obliga al ciudadano a identificarse para que la administración actúe ante una queja por ruidos, lo que obliga al denunciante a ser parte del procedimiento de denuncia. El apartado 3 del artículo 55, que regula el mantenimiento de ascensores y puertas motorizadas, establece que el ayuntamiento sólo atenderá las denuncias por ruidos durante el primer año de funcionamiento desde la licencia de ocupación y durante los tres primeros años si el aislamiento acústico es defectuoso. El PSPV presentará un total de nueve alegaciones a la comisión municipal del ruido del próximo lunes.
La concejal socialista, Carmina Del Río, avanzó ayer en rueda de prensa las alegaciones que presentarán el lunes al proyecto de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica. El PSPV considera que la normativa contiene aspectos «ilegales». En concreto, solicitará que se reformule «de arriba a abajo» el artículo 55, que regula las denuncias sobre ejecución de obras, mantenimiento de la edificación y actividades, porque «pone trabas a la acción y a la denuncia ciudadana». Según el texto actual del citado artículo, el ayuntamiento podrá determinar si una denuncia por ruido es «temeraria» y penalizar al denunciante cargándole el coste de los trámites asociados a la denuncia (inspecciones de policía, mediciones sonométricas, etc.). Además, no se admitirán las «denuncias reiteradas» sobre el mismo hecho durante tres años.
La concejal Del Río aseguró que la normativa es «contraria a derecho porque obliga al ciudadano a asumir los costes por lo que es la normal actividad de la administración pública». Así, se preguntó quién y bajo qué criterios se determinará si una denuncia es temeraria y advirtió que «podría darse el caso de que un vecino que denuncie las molestias por ruido del pub de debajo de su casa acabe viéndose obligado a pagar» las mediciones del ruido de la policía local. El consistorio también podrá requerir al ciudadano que aporte pruebas periciales sobre la incorrecta insonorización de los edificios.
Del Río insistió en que en la ordenanza, que está en fase de alegaciones hasta el día 10 de julio, «entorpece los derechos de los ciudadanos», se opone a principios generales que marcan la actividad administrativa y «propugna la inactividad de la Administración». La ordenanza obliga al ciudadano a identificarse para que la administración actúe ante una queja por ruidos, lo que obliga al denunciante a ser parte del procedimiento de denuncia. El apartado 3 del artículo 55, que regula el mantenimiento de ascensores y puertas motorizadas, establece que el ayuntamiento sólo atenderá las denuncias por ruidos durante el primer año de funcionamiento desde la licencia de ocupación y durante los tres primeros años si el aislamiento acústico es defectuoso. El PSPV presentará un total de nueve alegaciones a la comisión municipal del ruido del próximo lunes.
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